SANTA CRUZ Y EL CHAPARE SON CENTROS DE ACOPIO DE DROGA ANTE LA DEBILIDAD DEL ESTADO, SEGÚN EXPERTOS

PCC, VERMELHO Y CÁRTEL DE ARAGUA

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Expertos en criminología e investigación penal advirtieron este domingo que Santa Cruz y el Chapare se han convertido en importantes centros de acopio y distribución mundial de droga, en un escenario marcado por la debilidad institucional y el avance del crimen organizado en Bolivia.

 

La advertencia fue realizada durante el programa Hagamos Democracia, de la red Erbol, donde el criminólogo Christian Sánchez, el exfiscal antidroga Jodael Bravo y la diputada del PDC Danitza Mejía Figueredo analizaron el criterio de la Fundación Milenio sobre una presunta captura institucional del Estado por economías ilícitas entre 2006 y 2025.

 

Sánchez sostuvo que organizaciones criminales como el PCC, Comando Vermelho (CV), Cártel de Aragua y grupos vinculados a estructuras mexicanas tienen presencia en Bolivia desde hace varios años, aunque, según afirmó, durante los gobiernos del MAS se negó de manera reiterada su presencia directa y se atribuía su actividad únicamente a emisarios.

 

El criminólogo señaló que actualmente existe un mayor reconocimiento de la presencia de estas estructuras y que Santa Cruz y el Chapare son considerados puntos estratégicos para el acopio y la distribución de droga, con conexiones que trascienden las fronteras nacionales.

 

Afirmó que esta situación se ve favorecida por condiciones de impunidad y corrupción que permiten la expansión de organizaciones criminales vinculadas a hechos de violencia y sicariato.

 

Sánchez cuestionó además que la lucha antidroga se concentre principalmente en la captura de personas que transportan pequeñas cantidades de droga hacia Brasil, mientras —según su análisis— no se logra avanzar de manera suficiente en la investigación de las grandes estructuras que controlan las redes de producción, acopio, transporte y distribución.

 

“Son dueñas del país, dueñas del tema de seguridad del país”, sostuvo al referirse al poder que, en su criterio, han alcanzado estas organizaciones.

 

FALTA POLICÍA ESPECIALIZADA

 

Por su parte, el exfiscal antidroga Jodael Bravo identificó a la corrupción como uno de los principales obstáculos para enfrentar al crimen organizado y cuestionó las limitaciones del Estado boliviano para contar con una estructura policial especializada.

 

Bravo consideró insuficiente desplegar efectivos policiales únicamente cuando se registra una ola de sicariatos o hechos violentos. Planteó la necesidad de conformar grupos especializados en crimen organizado, con conocimiento detallado de las estructuras criminales que operan en el país, sus integrantes, sus redes y sus mecanismos de financiamiento.

 

También planteó fortalecer el intercambio de información con países como Brasil, Ecuador, Colombia y México, al considerar que el carácter transnacional del narcotráfico obliga a Bolivia a trabajar de manera coordinada con organismos y gobiernos extranjeros.

 

El exfiscal señaló además la necesidad de revisar la legislación para facilitar las investigaciones contra las grandes organizaciones criminales. Mencionó como una alternativa la posibilidad de establecer mecanismos que permitan obtener información de integrantes de menor rango a cambio de beneficios jurídicos, con el objetivo de llegar a los principales responsables de las estructuras delictivas.

 

En ese sentido, advirtió que enviar grupos policiales a realizar operativos coyunturales no constituye una política sostenible para enfrentar al crimen organizado ni garantiza un control efectivo del territorio.

 

PLANES DE GOBIERNO CONTRA EL CRIMEN

 

Entre tanto, la diputada del PDC Danitza Mejía informó que el Ministerio de Gobierno planteó tres estrategias: Plan Frontera Segura, Plan Halcón y Plan de Alto Impacto, destinadas a reforzar la lucha contra el crimen organizado y delitos vinculados al narcotráfico.

 

Mejía señaló que el crecimiento de estructuras criminales durante los últimos años incrementó los hechos de violencia y sicariato, particularmente aquellos relacionados con ciudadanos extranjeros.

 

La legisladora destacó las acciones impulsadas por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aunque reconoció que los resultados no podrán alcanzarse de manera inmediata.

 

También admitió que las fronteras bolivianas continúan siendo vulnerables, particularmente en los puntos de conexión con Brasil, donde persisten dificultades para garantizar un control efectivo.

 

Según Mejía, el Plan Frontera Segura busca mejorar la vigilancia y fortalecer la presencia estatal no solo frente al narcotráfico, sino también contra otros delitos conexos.

 

Las advertencias de los expertos colocan nuevamente en el centro del debate la capacidad del Estado boliviano para recuperar el control territorial y enfrentar estructuras criminales que, según sus denuncias, han dejado de operar únicamente como redes de narcotráfico para extender su influencia hacia la corrupción, la violencia y el sicariato.