FALLO CONTRA MANQUIRI DESNUDA EL COSTO AMBIENTAL DE LA TRANSNACIONALIZACIÓN DEL CERRO RICO

POTOSÍ

POTOSÍ, BOLIVIA (ANB / AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES).- La justicia agroambiental de Bolivia ha emitido un veredicto que resuena como una sentencia de realidad sobre el discurso de la «minería responsable»: la Empresa Minera Manquiri S.A., filial de la transnacional canadiense Andean Precious Metals, es responsable de la contaminación de fuentes hídricas vitales para la ciudad de Potosí.

Tras años de impunidad técnica y operativa, el Tribunal Agroambiental ha ratificado un fallo que obliga a la empresa a restaurar las lagunas Ulistia, Phisco Ckocha, Lobato y Chalviri, contaminadas con metales pesados.

 

Este dictamen pone fin a la negación corporativa sobre los impactos del proyecto San Bartolomé y enciende las alarmas sobre el futuro de las comunidades aledañas a sus crecientes operaciones.

El golpe judicial: Agua con metales pesados para Potosí

 

El reciente fallo del Tribunal Agroambiental, a través del Auto Agroambiental Plurinacional S1 N° 017/2026, ha confirmado la sentencia que condena a Manquiri por la degradación de cuatro lagunas esenciales para el suministro de agua potable.

 

 

 

Los peritajes técnicos demostraron que la empresa vulneró los límites permisibles de metales pesados y detectaron la presencia de cianuro libre en los sedimentos de estas fuentes que abastecen a casi la mitad de la población potosina. El juez ha dictaminado un plazo de cuatro meses para que la empresa ejecute un plan de restauración total, estableciendo un precedente vital para la protección del derecho humano al agua.

 

El mecanismo de contaminación es directo: el polvo tóxico proveniente de las gigantescas presas de colas secas de la empresa es transportado por el viento hacia los cuerpos de agua, mientras que las filtraciones de sus procesos de lixiviación alcanzan las lagunas. Esta situación no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un modelo de explotación que prioriza el volumen de procesamiento sobre la seguridad ambiental del territorio.

 

Reyna Menacho: «No permitiremos que se comprometa la salud»

Detrás de esta victoria judicial se encuentra la persistente labor de la concejal Reyna Menacho, integrante de la Comisión Técnica del Concejo Municipal de Potosí, quien fue la principal impulsora de la demanda desde la gestión 2023, cuando era parte de la Comisión de Medio Ambiente.

 

Menacho ha sido una de las voces más críticas contra el modelo de Manquiri, llegando incluso a realizar huelgas de hambre en 2021 para exigir que la empresa hiciera públicos sus contratos y respondiera por el deterioro del Cerro Rico.

 

 

 

Tras conocerse la ratificación del fallo en 2026, Menacho subrayó la importancia de este hito: «Este fallo es un precedente para la protección de nuestra agua y nuestro medio ambiente. No permitiremos que la salud de la gente de Potosí siga siendo comprometida por la contaminación de las lagunas» señaló la autoridad municipal.

 

En diversas declaraciones a medios locales, la concejal ha enfatizado que la lucha no es solo contra una empresa, sino por la supervivencia de la ciudad: «El Concejo quiere velar por las generaciones futuras y dejarles lagunas con agua potable y no solo diques mineros» aseveró.

 

Su labor técnica incluyó la presentación de análisis de laboratorio que revelaron concentraciones de plomo de 0.2 mg/l y cadmio de 0.08 mg/l en la laguna Ulistia, datos que fueron fundamentales para que el juez dictaminara la responsabilidad de la minera.

 

Crecimiento financiero vs. degradación ambiental

Los datos operativos de Andean Precious Metals exponen una contradicción flagrante: mientras el entorno natural se degrada, las finanzas de la empresa muestran un crecimiento sostenido.

 

Según los reportes financieros recientes, las ventas netas de la compañía pasaron de 146 millones de dólares en 2021 a 162.7 millones en 2023, consolidando un flujo de caja robusto gracias a la extracción intensiva en el Cerro Rico.

 

 

 

La producción de plata se ha mantenido estable por encima de los 5.2 millones de onzas anuales, demostrando que la empresa ha logrado optimizar su rentabilidad a pesar de las crecientes críticas sociales y las sanciones judiciales.

 

Este crecimiento orgánico se apoya en un plan de expansión que incluye el procesamiento de materiales de óxido de terceros y la explotación de nuevas áreas de influencia. Sin embargo, la geografía de estas operaciones revela una amenaza latente: la cercanía de las áreas de trabajo a centros poblados y otras cuencas hídricas sugiere que el desastre ocurrido en las cuatro lagunas del sistema Kari Kari podría repetirse en un futuro a mediano plazo en las comunidades campesinas circundantes.

 

El riesgo de que el cianuro y los metales pesados sigan la ruta de la expansión operativa de Manquiri es una realidad que los comunarios ya denuncian.

 

El modelo de Andean Precious Metals (APM)

 

Una revisión detallada del ingreso de capital canadiense en la industria minera boliviana revela que APM —con sede en Toronto— se consolidó en el país tras adquirir el proyecto San Bartolomé en 2021.

 

La esencia de su negocio en Potosí no es la minería de socavón, sino el procesamiento de «pallacos, sucus y desmontes» (material residual acumulado por siglos en las faldas del Cerro Rico) mediante el método de lixiviación por cianuro.

 

 

 

Originalmente, el proyecto San Bartolomé fue presentado como una solución ambiental que «limpiaría» los pasivos históricos de la montaña. No obstante, la realidad ambiental, validada por el dictamen del Tribunal Agroambiental demuestra que la remoción de estos suelos a gran escala ha generado nuevos y más peligrosos focos de contaminación.

 

El modelo con el que opera la Empresa Minera Manquiri se basa en acuerdos con cooperativas mineras que entregan sus áreas a la transnacional, permitiendo que esta empresa controle la cadena de valor mientras elude responsabilidades sociales directas.

La contaminación de las aguas no es el único efecto negativo. Los pobladores de zonas aledañas han reportado un aumento en afecciones respiratorias vinculadas al transporte de cal, insumo básico para la lixiviación, que genera nubes de polvo tóxico.

 

La «Matriz de Materialidad» de la empresa, que presume de estándares internacionales de gobernanza, choca frontalmente con la realidad de un Potosí que ve sus reservas hídricas comprometidas.

 

 

 

El fallo del Tribunal Agroambiental es una victoria para la sociedad civil, pero el desafío permanece. La expansión de Manquiri hacia nuevas áreas bajo el mismo esquema operativo plantea una interrogante urgente: ¿cuántas lagunas más deben contaminarse antes de que se exija una minería verdaderamente responsable?

 

La plata potosina sigue alimentando las cuentas en Toronto, mientras los habitantes del Sumaj Orcko se quedan con el sedimento de una riqueza que no les pertenece y con el riesgo de un desastre ambiental que ahora, por ley, la empresa debe intentar reparar.