PAÍS
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Información de Correo del Sur).- Los guardaparques deben encarar la falta de recursos humanos, condiciones adversas de trabajo, asedio de avasalladores y acoso judicial en sus tareas de protección de los 23 parques y áreas protegidas en Bolivia. Se sienten indefensos y desautorizados.
El vicepresidente de la
Asociación Boliviana de Guardaparques Agentes de Conservación (Abolac), Jimmy
Torrez Muñoz, alerta que en el Parque Nacional Madidi el problema más serio es
la presencia de la minería ilegal en los ríos.
Los guardaparques Marcos
Uzquiano, quien actualmente ocupa el cargo de presidente de Abolac, y Raúl
Santa Cruz son un ejemplo del acoso que existe por parte de las mineras que se
dedican a la explotación ilegal en los parques del oriente boliviano; ambos
afrontan un juicio por denunciar las agresiones de un empresario cuando
internaba maquinaria pesada dentro del Parque Nacional Madidi “por la fuerza y
sin ninguna autorización”.
El problema es más serio porque
además no cuentan con el respaldo necesario de los administradores del Servicio
Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), que prefirió hacerse a un lado del
litigio, pese a que el conflicto se desató en el cumplimiento de su trabajo.
“Ni siquiera hemos recibido una llamada de respaldo”, lamenta Uzquiano.
Sobre el tema, el director
ejecutivo del Sernap, Johnson Jiménez, aclaró que se trata de un proceso
privado. Por lo tanto, no pueden involucrarse.
Torrez menciona que en otros
parques como el del Área Protegida del Parque Nacional Toro Toro, en Potosí, el
conflicto más serio es con los avasalladores de tierras.
Los guardaparques llevan adelante
un proceso judicial por la toma de unas 2 hectáreas de la zona y, pese al
mandamiento de “desapoderamiento y desalojo”, no se logra el retiro de los
avasalladores. Más bien son víctimas de amedrentamiento y amenazas a través de
votos resolutivos en los que piden su destitución. Desde el Sernap, en este caso,
se apoyó al “cuerpo de protección” del Parque Nacional Toro Toro.
Torres menciona que en el Parque
Nacional Tunari, donde actualmente trabaja, se suma la problemática de la
explotación de los agregados y el amedrentamiento de los avasalladores que
quieren apropiarse de tierra sobre la cota 2.750. “Muchas veces hemos sido
secuestrados e incluso nos han amenazado con la quema de nuestros coches”,
recuerda el guardaparques.
Todos los guardaparques deben
encarar la violencia de grupos de avasalladores que quieren instalarse en las
áreas protegidas, señala Torres.
Otro problema es que son muy
pocos para atender miles de hectáreas. En el caso del Parque Nacional Tunari,
son ocho para vigilar una extensión de 300 mil hectáreas, y, en el caso de la
Reserva de la Biosfera y Estación Biológica del Beni, son nueve para 135 mil
hectáreas, por ejemplo.
Uzquiano reclama por el abandono.
Desde el Gobierno central no se atiende a los campamentos que se encuentran
deteriorados, no se protege al personal con seguros de vida y no se apoya los
procesos que encaran contra los avasalladores. “No recibimos el apoyo y más
bien somos cuestionados, desautorizados y desprotegidos”.
El proceso
El caso se inició el 30 de marzo
de 2023, cuando el guardaparque Raúl Santa Cruz se enteró de las intenciones de
ingresar maquinaria pesada al sector de Virgen de Rosario, sin autorización. Ya
en la noche del mismo día llegó el minero Ramiro
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