JUKUS: DE ROBO HORMIGA A NEGOCIO CRIMINAL

REPORTAJE

ORURO (ANB / Liliana Carrillo Valenzuela / ERBOL).- La madrugada del pasado 29 de enero, un estruendo rompió la calma en la población potosina de Porco. Una explosión de dinamita había hecho volar en pedazos el muro del ingenio Agua Dulce, propiedad de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin–Potosí). Una treintena de hombres armados ingresaron en cuestión de minutos, golpearon a los cuidadores, y salieron con más de una tonelada de concentrado de plata. Testigos describieron el ataque como “una escena de película”. No era el viejo “minoreo” furtivo de un puñado de sacos escondidos en la espalda. Era otra cosa.

En los últimos años, en Bolivia el jukeo –robo de mineral en quechua– ha dejado de ser “hormiga” para convertirse en operaciones coordinadas, con armas de fuego, explosivos y logística capaz de mover toneladas de mineral. Sólo en lo que va de este año, se registraron violentos atracos a cinco ingenios y dos yacimientos de Potosí y Oruro. Lo que antes era delito menor hoy es una estructura criminal organizada que cobra una alta factura al país.

Aunque no existen datos oficiales, se estima que el jukeo significó pérdidas acumuladas de más de $us 100 millones para la minería boliviana entre 2024 y 2025, afectando tanto a la minería estatal como a cooperativas y a operadores privados. Sólo en la Empresa Minera Huanuni, según autoridades y dirigentes, el robo sistemático de mineral representa pérdidas cercanas a 20 millones de dólares anuales.

 

Jukus contemporáneos

 

El jukeo nació con la actividad minera misma, desde la colonia. Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, en su Historia de la Villa Imperial de Potosí, relata que tanto indígenas como españoles se aventuraban a las profundidades del Cerro Rico para kajchear –como se conocía entonces el robo de mineral– fuera del control de los dueños de minas y de la Corona. Enrique Tandeter, en La minería de la plata en el Potosí Colonial, refiere que se toleraba que los mitayos sacaran para ellos un quipi (23 kilos) de mineral en compensación por el miserable salario que recibían. Esta actividad permitida degeneró en el tiempo y dio origen a los jukus.

 

En el siglo pasado, con las crisis mineras y los despidos masivos, el jukeo se convirtió en una forma de subsistencia para extrabajadores, jóvenes sin empleo estable o pobladores de comunidades cercanas a los centros mineros. Operaban en los márgenes del sistema productivo: sin contrato, sin protección, sin acceso legal al mineral. Era una actividad ilegal, sí, pero de bajo impacto estructural y escasa capacidad de desestabilización.

El juku contemporáneo no actúa solo ni únicamente en el interior mina. Participa en ataques armados cada vez más violentos a ingenios, plantas de procesamiento y rutas de transporte. Ya no se limita a recoger mineral residual; busca concentrado listo para comercializar, de mayor valor y salida inmediata en el mercado. La operación exige financiamiento previo, contactos para la venta y redes que permitan colocar la carga sin dejar rastro.

 

“Los conocemos, andan en grupo siempre, ni siquiera tienen bandana como nosotros, pero no conviene acercarse. La última vez me he topado con cinco en la mina, más bien estaba con turistas, por eso nomás no han hecho nada”, dice Sergio Quispe, minero de base y guía de turismo en el Cerro Rico.

 

Los mineros conviven con los jukus en una relación ambigua: muchos se han topado con ellos en plena faena, otros han terminado haciendo tratos, varios comparten barrio o parentesco. Pero el miedo pesa. Denunciarlos implica quedar expuesto, dentro o fuera de la mina, la protección es frágil y las represalias posibles. “Alguna vez todos también hemos jukeado”, admite Sergio.

 

Si el viejo juku era un actor marginal que sobrevivía en la sombra, el actual se inserta en una cadena más amplia, donde la ilegalidad no termina en el yacimiento. Se proyecta hacia ingenios clandestinos, comercializadoras informales y mercados que absorben un mineral cuyo origen rara vez se rastrea con rigor.

 

Clanes en escalada violenta

 

En 2018, tras una explosión atribuida a jukus que dejó ocho mineros fallecidos en Huanuni, el entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que al menos 30 clanes dedicados al robo de mineral operaban solo en ese distrito. Señaló que se trataba de grupos organizados, con estructura y liderazgo definidos, y anunció que serían identificados públicamente. La lista nunca se hizo pública.

 

Fue la primera vez que una autoridad reconoció públicamente la dimensión organizada del fenómeno. Ocho años después, los patrones descritos entonces reaparecen con mayor escala y violencia. Entre 2025 y 2026, se registraron una veintena de asaltos de jukus en centros mineros de Potosí, Oruro y La Paz; todos con grupos numerosos, ingreso coordinado y uso de explosivos o armas de fuego en distritos mineros de Potosí y Oruro.

Tras el asalto con explosivos y armas de fuego al ingenio Agua Dulce, el 29 de enero de este año, un grupo de 15 jukus ingresó a la mina Salvadora en Potosí en plena fiesta de Carnaval para intentar extraer minerales. Un joven de 24 años que participaba en el hecho murió tras una explosión de dinamita durante el enfrentamiento con trabajadores.

 

En febrero, en Sepulturas (Oruro), nueve personas fueron aprehendidas luego de ingresar a una planta procesadora de estaño. De acuerdo con el informe policial, el grupo utilizó gas lacrimógeno y al menos un arma de fuego para intentar sustraer mineral. En el cerro Posokoni, Huanuni, trabajadores denunciaron incursiones nocturnas con detonaciones de dinamita en interior mina. En uno de los episodios se registraron disparos y enfrentamientos.

 

Los partes oficiales describen la participación de más de una decena de personas en varios de estos hechos, con tareas diferenciadas entre quienes ingresan, quienes cargan el mineral y quienes aseguran la salida. Además, cinco casos registrados este 2026 dan cuenta que el objetivo de los jukus son los ingenios que refinan el mineral dificultando la identificación de su origen en la comercialización.

“Ya no estamos hablando solo de robo de mineral. Son bandas delincuenciales que están atentando contra la vida de nuestros socios. No hay seguridad para el cooperativista minero. Estamos perdiendo tranquilidad. Se está transgrediendo vidas humanas”, asegura Guido Gutiérrez Isla, secretario de Minería y Medioambiente de la Federación de Cooperativas Mineras (Fecomin) Potosí. El dirigente insiste en la necesidad de endurecer las sanciones. “Se ha detenido a jukus, pero al día siguiente se los suelta. No hay una pena dura que marque un lineamiento para frenar este tipo de robo de minerales ni su comercialización”.

 

¿Quién compra el mineral robado?

 

El mineral extraído por jukus no puede permanecer almacenado mucho tiempo. Necesita ser procesado, mezclado o comercializado con rapidez para ingresar al circuito formal de exportación. La pregunta es inevitable: ¿quién lo compra?

 

En Bolivia, el concentrado de estaño, zinc o plata pasa por ingenios que lo procesan antes de su venta a comercializadoras o su exportación. Cuando el material ya está concentrado —como ocurre en varios de los asaltos a ingenios registrados este año— su trazabilidad se vuelve más compleja. A diferencia del mineral en bruto, el concentrado pierde parte de la identificación del yacimiento de origen.

Dirigentes cooperativistas sostienen que el mineral robado ingresa a circuitos informales de procesamiento o se mezcla con producción legal antes de su venta. No existen estadísticas públicas que permitan cuantificar cuánta producción ilegal logra insertarse en el mercado formal llegando, incluso, a fundiciones estatales como Empresa Metalúrgica Vinto. Las empresas compradoras exigen documentación de origen, pero el control depende de la veracidad de los certificados presentados por proveedores.

 

Desde el Ministerio Público se informa que los procesos por robo agravado y asociación delictuosa se concentran en los autores materiales, es decir en los jukus, el eslabón más visible de la cadena. No existen procesos públicos de alto perfil contra comercializadores vinculados al delito, aunque las investigaciones continúan en curso.

 

“El jukeo ya no es solo un delito de oportunidad. Es una forma de criminalidad económica que depende de mercados capaces de absorber mineral sin trazabilidad real”, sostiene el experto en minería Jaime Cuéllar.

 

“Cuando un recurso robado puede ser comercializado como si fuera legítimo, el delito deja de ser un hecho aislado y se convierte en un modelo de negocio. No es solo un problema de seguridad jurídica (aplicada en este caso, al ámbito minero); es un desafío de gobernanza económica, integridad institucional y seguridad estratégica del Estado”, advierte.

 

Actores mineros “desprotegidos”

 

Desde 2018, está en vigencia la Ley 1093 que sanciona el robo, hurto y comercialización ilegal de minerales con penas de cárcel de 6 a 10 años. No obstante, el jukeo afecta a los tres actores de la minería boliviana: estatal, cooperativista y privado.

 

Para la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), el jukeo representa una pérdida de entre el 10 y el 15% de la producción de las minas estatales.  El Gerente de la Empresa Minera Huanuni, Mario Felipez, informó recientemente que el robo de mineral afecta significativamente la producción de la empresa, que solo cumple 60–65% de sus metas.

 

Por su parte, el gerente regional de Comibol-Potosí, manifestó su preocupación por el incremento del jukeo en el Cerro Rico. “Grupos de personas se adentran en las galerías o incluso en los ingenios y comercializadores, llevando el mineral de manera ilegal. La situación se ha vuelto peligrosa, con denuncias de personas armadas dentro de las bocaminas. Es un fenómeno que se ha intensificado por las altas cotizaciones de los minerales y que requiere intervención urgente de las autoridades competentes”, declaró a Erbol.

Por su parte, el sector cooperativista se ha declarado en emergencia en demanda de soluciones efectivas contra el robo de mineral. Tras los recientes atracos, Óscar Chavarría, presidente de Fedecomin-Potosí denunció que el violento accionar de los jukus “ha incrementado la inseguridad en las operaciones de las cooperativas mineras”. “Estos grupos delincuenciales ya no se limitan al robo de mineral, se han estructurado en clanes que cuentan con acceso a armas, financiamiento y equipos de inteligencia”, advirtió.

 

El dirigente cuestionó el desempeño del Ministerio Público. “No se presentan argumentos sólidos en los procesos judiciales cuando los presuntos responsables son sorprendidos en flagrancia”. Lamentó que las gestiones realizadas ante instancias como la Fiscalía, la Gobernación y autoridades judiciales no hayan resultado en sanciones efectivas. Las cooperativas mineras no estamos recibiendo el apoyo necesario del sistema de justicia para enfrentar este problema creciente. Nos sentimos desprotegidos”, dijo.

 

Frente a las denuncias del sector minero, las autoridades sostienen que el combate al jukeo se ha convertido en una prioridad. El comandante departamental de la Policía en Potosí, Mirko Bustos, informó que se establecieron mecanismos de coordinación permanente con la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

 

“Nos hemos unido con la Fiscalía Departamental, con Fedecomin y hemos coordinado operativos conjuntos en todas las cooperativas ubicadas en el Cerro Rico de Potosí y en las zonas adyacentes”, afirmó la autoridad policial.

 

Entre las medidas adoptadas figuran la credencialización obligatoria de trabajadores que ingresan a bocaminas y la instalación de cámaras de seguridad en ingenios y puntos estratégicos. Según Bustos, en lo que va del año se realizaron 90 operativos en el sector, con 15 personas aprehendidas por robo de mineral, quienes guardan detención preventiva en el penal de Cantumarca.

 

Desde el ámbito judicial, la Fiscalía Departamental de Potosí informó que abrió investigaciones por robo agravado tras los recientes asaltos a ingenios y minas, incluido el caso de Agua Dulce. En el ámbito regulador, el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM), dependiente del Ministerio de Minería, sostiene que la comercialización de concentrados exige documentación de origen, pesaje y análisis de calidad antes de su exportación, y que realiza controles de verificación para garantizar la legalidad del mineral destinado al mercado interno y externo.

 

El eslabón invisible

La explosión que abrió el muro del ingenio Agua Clara en Potosí no fue un hecho aislado. Fue el síntoma visible de un fenómeno que, entre 2024 y 2026, cambió de escala y de naturaleza. Lo que alguna vez se describió como robo hormiga hoy muestra rasgos de organización criminal: grupos numerosos, explosivos, logística, violencia y toneladas de mineral en movimiento.

 

En el interior de la mina de Huanuni, un trabajador murió baleado. En Colquiri, decenas intentaron extraer toneladas en una sola incursión. Los nombres cambian, los cerros cambian, pero el patrón persiste.

 

En la cadena del jukeo, el eslabón visible es el grupo que dinamita un muro; el menos visible es el que transforma el mineral robado en dinero. Mientras exista un mercado capaz de absorberlo e integrarlo al circuito formal o semiformal, la dinamita seguirá siendo una herramienta rentable.

 

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El mercado que sostiene el jukeo

Jaime Cuellar, experto en minería

La mutación estructural del denominado jukeo (entendido inicialmente como una forma de sustracción clandestina de mineral en bocamina o en fases primarias de acopio) ya no puede ser analizada como un fenómeno circunscrito a la seguridad física de las operaciones extractivas. Su persistencia y expansión evidencian una transición hacia un esquema de criminalidad económica de mayor complejidad, cuya viabilidad depende menos de la fuerza bruta y más de la existencia de mercados secundarios capaces de absorber, transformar y legitimar mineral sin trazabilidad verificable por las instancias estatales competentes. En ese punto, el fenómeno deja de ser episódico y adquiere carácter sistémico.

 

Desde la perspectiva de las economías criminales, estas aplicadas a la explotación de recursos naturales, el robo sistemático de materias primas estratégicas solo alcanza sostenibilidad cuando logra articularse con mecanismos de blanqueo comercial que le permitan ingresar a circuitos formales o semiformalizados de comercialización (situación “permitida” en nuestro país, conforme las diversas limitaciones normativas, técnica y operativas para el efecto, por parte de la propia institucionalidad estatal). Es así que la extracción ilícita, por sí sola, no constituye un modelo económico estable; lo que la convierte en rentable es la existencia de canales posteriores de legitimación documental, financiera y logística. Allí se produce la verdadera transformación del delito, del acto clandestino aislado a la cadena ilícita integrada.

 

En el contexto boliviano, el riesgo sistémico se viene configurando cuando, el mineral sustraído puede y se incorpora al mercado mediante el uso de documentación minera correspondiente a operaciones inactivas, subdeclaradas o que, en determinados casos, facilitan su soporte documental a terceros. Este mecanismo otorga una “identidad legal” a material cuya extracción ha sido ilícita, erosionando los dispositivos de control implementados por el propio Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM) y por las instancias departamentales responsables de la percepción de regalías. El resultado no es únicamente una afectación patrimonial a operadores formales, sino una distorsión estructural del sistema de control estatal sobre la cadena de valor minera.

 

La problemática trasciende el ámbito penal clásico. No se trata exclusivamente de tipificar conductas o incrementar sanciones, sino de comprender que el eslabón comercial constituye el punto neurálgico del fenómeno. La intervención policial, aun cuando logre secuestros de mineral o aprehensiones en flagrancia, resulta estructuralmente insuficiente si la fase de comercialización permanece permeable a la incorporación de material sin trazabilidad verificable. Cuando el control estatal se concentra de manera desproporcionada en el extractor primario y descuida a intermediarios financieros, transportistas, acopiadores y comercializadores, el delito se desplaza adaptativamente hacia etapas menos visibles del ciclo económico. Esta capacidad de mutación incrementa su resiliencia y reduce el riesgo operativo para quienes participan en la cadena ilícita.

 

El hecho de que mineral sustraído encuentre canales de comercialización y pueda, en determinados contextos, evadir controles administrativos, favorece además la convergencia progresiva entre economías extractivas informales y redes dedicadas a delitos conexos como la defraudación tributaria, la falsedad documental, el contrabando y la legitimación de ganancias ilícitas. La frontera entre informalidad y criminalidad organizada se vuelve difusa cuando la comercialización irregular funciona como mecanismo de integración económica para actores que operan simultáneamente en múltiples mercados ilícitos.

 

Desde una perspectiva de seguridad estratégica, las brechas persistentes en los sistemas de trazabilidad incrementan la probabilidad de que el “jukeo” evolucione hacia una economía ilícita funcionalmente integrada, con eslabones diferenciados de extracción, acopio, transporte, procesamiento y exportación. En ese escenario, los impactos no se limitarían a la pérdida de mineral en una concesión determinada. Se proyectarían sobre la distribución de regalías departamentales, la integridad estadística de la producción nacional, la competitividad del sector formal y la credibilidad internacional del país. La consolidación de mercados paralelos de exportación y la eventual captura de intermediarios comerciales por actores interesados en introducir material de origen no acreditado constituyen riesgos reales en contextos donde la supervisión carece de interoperabilidad y análisis integral de datos.

 

A ello se suma una debilidad estructural adicional, la ausencia de una cuantificación oficial del volumen económico asociado al jukeo y de una caracterización estadística nacional de sus vínculos con otras economías ilícitas. Sin datos consolidados, el fenómeno permanece subestimado, y la formulación de política pública se sustenta más en percepciones que en evidencia empírica. Esta carencia no solo limita la capacidad de respuesta estatal, sino que refleja una brecha en la gobernanza del sector extractivo. Lo que no se mide, no se gestiona; y lo que no se gestiona, tiende a expandirse.

 

Debe considerarse además la relación entre el jukeo y la minería ilegal. En múltiples contextos, la necesidad de insertar mineral extraído sin derecho en la economía formal genera incentivos para recurrir a mecanismos de sustracción o mezcla con producción declarada. La falta de denuncia en determinados casos puede obedecer a la coexistencia de conductas ilícitas superpuestas, lo que dificulta la visibilización estadística del fenómeno y fortalece su opacidad. De este modo, el problema no se agota en la apropiación clandestina, sino que se extiende a la comercialización irregular y a la posterior legitimación de ganancias, configurando un concurso de ilícitos que trasciende el ámbito estrictamente minero.

 

Frente a esta dinámica, la respuesta no puede ser fragmentaria. La institucionalidad estatal debe asumir la transversalidad del fenómeno y diseñar marcos normativos que impongan trazabilidad obligatoria en cada eslabón de la cadena, acompañados de sistemas interoperables de información que integren a las agencias responsables del control minero, tributario, aduanero y financiero entre otros. La creación de un “Centro de fusión de inteligencia especializado en actividad minera, minería ilegal y delitos conexos” (basado en análisis de datos, cruces automatizados y alertas tempranas, por ejemplo) no constituye una propuesta maximalista, sino una medida de racionalización institucional con costos relativamente bajos frente a las consecuencias y pérdidas potenciales que se buscan evitar.

 

Cuando un recurso robado puede ser comercializado como si fuera legítimo, el delito deja de ser un hecho aislado y se convierte en un modelo de negocio. No es solo un problema de seguridad jurídica (aplicada en este caso, al ámbito minero); es un desafío de gobernanza económica, integridad institucional y seguridad estratégica del Estado. Entenderlo en esos términos es el primer paso para evitar que una práctica clandestina evolucione hacia una economía ilícita plenamente integrada en las grietas del sistema.