DOS PROYECTOS DE LEY Y SECTORES PIDEN OBLIGAR A DEBATIR A LOS CANDIDATOS

PAÍS

COCHABAMBA, BOLIVIA (ANB / Los Tiempos).- El 3 de octubre de 2020, por primera vez en 18 años los candidatos a la presidencia del país se reunieron en Santa Cruz para el primer gran debate con miras a las elecciones presidenciales del 18 de octubre de ese año. 

 

Bajo el título de “Hablemos del futuro económico de Bolivia”, la discusión giró en torno a la economía y estuvo organizado por la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y la Confederación Universitaria Boliviana (CUB).

 

Tras cinco años, la posibilidad de debatir entre los aspirantes a la presidencia en las elecciones de agosto de 2025, podría ser posible si es que prospera el proyecto de ley presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que propone la incorporación del debate público y obligatorio para candidatas y candidatos a cargos públicos electivos. 

 

Existe además otro proyecto de ley del abogado Paul Coca  que también obliga a debatir a los postulantes a la presidencia.

 

En enero de este año, la presidenta de la Comisión de Constitución Legislación y Sistema Electoral, diputada Olivia Guachalla (MAS-IPSP), informó que el Proyecto de Ley de Obligatoriedad de Debate entre Candidatos Presidenciales, ya fue remitido al Comité de Democracia y Régimen Electoral para su tratamiento.

“Plazo fatal”

 

En diálogo con Los Tiempos, el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe, dijo que el proyecto fue entregado en agosto de 2024, “pero que por un cambio de período legislativo, fue archivado la primera etapa”. Pero , ahora, nuevamente está la propuesta de la obligatoriedad y abierta de un debate entre candidatos “para que la población tenga una oportunidad de conocer las propuestas y que permita afianzar al electorado y decidir por el aspirante de su preferencia”, apuntó.

“Debería aprobarse y promulgarse, como plazo fatal, hasta el 17 de junio, porque eso permitiría organizarnos entre el 3 al 10 de agosto”, dijo.

 

Tahuichi habló también de las sanciones que se impondrían a los candidatos en caso de no asistir a los debates. “Serían cuatro debates y ahora se incorpora la figura de carácter obligatorio, bajo sanción de no conceder un presupuesto de propaganda a los partidos.

Eso de: “yo sólo debato con el pueblo, no le hace nada bien a una democracia”, puntualizó.

 

 Otro proyecto de ley

 

Otra iniciativa es la del abogado y constitucionalista Paul Antonio Coca,  quien presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)  el “Proyecto de ley de debate obligatorio para candidaturas del binomio presidencial”, que implementa los debates para Presidente y Vicepresidente, en primera y segunda vuelta, con sanciones a quienes no se presenten a debatir.

 

La norma consta de tres capítulos, seis articulados, tres disposiciones finales, Una disposición abrogatoria y derogatoria, estableciéndose dos debates presidenciales y uno vicepresidencial en primera vuelta; y un debate obligatorio para ambos cargos en segunda vuelta.

 

“La diferencia sustancial entre el proyecto de ley que propone el TSE y el que yo presenté a la ALP, esta referido a las sanciones. Porque mientras el TSE, sólo sanciona con retirar el presupuesto para propaganda para el candidato que no asista al debate. Mi proyecto va mucho más allá”, sostuvo.  

Obligatoriedad

 

Coca alerta que se obliga al Órgano Ejecutivo a transmitir las incidencias de todos los debates por todos los medios de comunicación estatales, sin que ello signifique incremento adicional en su presupuesto; y que deben poner esas señales a disposición de todos los medios privados sin cobrarles ningún monto; y que los mismos deben estar, además, acompañado con lenguaje de señas.

 

Sanciones

 

En cuanto a las sanciones, detalla el jurista.  “A la primera inasistencia a debatir, el castigo es suspensión inmediata y definitiva de toda propaganda estatal.  A la segunda, multa de veinte salarios mínimos y remisión de antecedentes a la Contraloría. 

 

A la tercera, la inmediata y definitiva inhabilitación del proceso electoral”, enfatizó.

Mesa de debate

 

Por su parte, la senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, dijo a Los Tiempos que el debate debe ser obligatorio. “Evo se ha acostumbrado a la idea de que no debe salir a debatir. Deben existir debates permanentes y serios sobre el estado de las cosas. Es importante obligar a los candidatos a debatir. Para que un ciudadano pueda votar, debe hacerlo informado, porque no basta con la campaña. Se debe contraponer posiciones en una mesa y discutir los problemas a fondo e interpelarlas”, sostuvo.

Los debates y el MAS

 

El abogado y constitucionalista William Herrera Añez dijo a Los Tiempos que el TSE ha confundido las elecciones generales con las elecciones judiciales porque considera que debe sancionarse una ley para que puedan debatir los candidatos presidenciales. “Llama la atención esta exigencia porque no hay nada más democrático que la confrontación de ideas entre los aspirantes a ocupar la presidencia del Estado boliviano. Muy por el contrario, es inconcebible un proceso eleccionario centrado en el bombardeo propagandístico, sin posibilidad de confrontar los diferentes programas y ofertas de los partidos y agrupaciones que quieren gobernar”, aseveró.

Herrera advirtió que en “los casi 20 años de gobiernos que lleva el MAS, no hubo debate político. El eterno candidato Evo Morales rechazaba toda posibilidad de confrontar las ideas con el cuento de que todo el tiempo debatía con el pueblo. En las filas azules han confundido propaganda con debate y aunque ambas figuras son imprescindibles en una contienda electoral, tienen metodologías, formas y efectos distintos·, concluyó.

 

Crece el apoyo

 

“Si la ciudadanía está obligada a votar, los candidatos también deben ser obligados a debatir”. Bajo esa premisa, más de 100 organizaciones, entre ellas la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), redes, instituciones, colectivos y activistas manifestaron su respaldo al proyecto de ley  a través de un pronunciamiento público, los firmantes destacaron que la medida se enmarca en los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que promueve la libre circulación de ideas, opiniones e información sobre los candidatos y sus capacidades durante el periodo electoral.