EL GOBIERNO DE VENEZUELA DECIDE DEJAR LA CIDH

ESPAÑA (ANB / Información tomada de El País).- El gobierno de Nicolás Maduro ha reivindicado su decisión de abandonar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordando a lo largo del martes cómo las instancias que la conforman no han respaldado la causa bolivariana en sus más duras horas. Ocurrió según el presidente Nicolás Maduro durante el golpe de Estado de abril de 2002, cuando el entonces mandatario Hugo Chávez fue derrocado durante 72 por una alianza militar y empresarial. “Fue la mejor decisión tomada por Chávez”, dijo el jefe de Estado venezolano. “El sistema derivó en un instrumento de persecución contra los gobiernos progresistas de la región”, agregó.

El chavismo salió así al paso de la condena generalizada de los defensores de derechos humanos, la prensa y de la oposición local, que utilizaron duros adjetivos para referirse a la ratificación de una decisión anunciada por Chávez hace un año, en respuesta a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Raúl José Díaz Peña, quien había sido condenado por la justicia local por dos atentados contra las sedes diplomáticas de España y Colombia ocurridos en 2003. El matutino Tal Cual, por ejemplo, lo calificó como “un gesto cavernario que podría tener un triste final”. Menos duro fue el líder opositor Henrique Capriles que apuró su reclamo electoral ante la Corte antes de que expirara el plazo para conocer la causa. “Es un gigantesco retroceso”, escribió en su cuenta de Twitter.

El gobierno estaba muy distanciado del sistema interamericano desde abril de 2002, y por esa razón no ha permitido desde entonces la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país. Chávez consideraba que la CIDH había avalado el golpe en su contra y se había dedicado a atacar a su gobierno al conocer y fallar en su contra por los casos políticamente más sensibles de su mandato. La Comisión recomendó al Estado que asignara una frecuencia estatal al canal Radio Caracas Televisión, cuya concesión no fue renovada por el gobierno en mayo de 2007 por retaliaciones políticas, un caso que aún está pendiente de resolución en la Corte IDH.

El canciller Elías Jaua recordó que el sistema no ha respondido a las interrogantes del Estado venezolano sobre supuestas violaciones a los derechos humanos ocurridas antes de la llegada de la autodenominada revolución bolivariana al poder. El gobierno se refiere a operaciones de la policía política de la época contra reductos guerrilleros en Cantaura (1982) y Yumare (1986). “Es evidente que la comisión y la corte están al servicio de un sector político venezolano”, explicó, y restó importancia a las voces que aseguran que los ciudadanos venezolanos han perdido una instancia para protegerse de los abusos del Estado.

Precisamente la Comisión IDH se paseó por esa posibilidad en su reacción tras la entrada en vigencia de la denuncia venezolana. “La Comisión reitera su profunda preocupación por el efecto que produce la entrada en vigencia de la denuncia, esto es, que las violaciones a derechos humanos que pudieran ocurrir en Venezuela después del 10 de septiembre de 2013, no podrán ser conocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello va en detrimento de la protección de los derechos de los y las habitantes de Venezuela, quienes pierden una instancia de protección de sus derechos humanos. La Comisión Interamericana hace un llamado a Venezuela a reconsiderar esta decisión”.