LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- La interventora del Fondo Indígena, Larisa Fuentes, informó
el jueves que se remitieron ocho denuncias penales al Ministerio Público por el
delito de enriquecimiento ilícito con afectación económica al Estado, en el marco
de los 153 proyectos, que administra esa institución, en los que se identificó
un daño económico de al menos 71 millones de bolivianos.
"Tenemos ocho denuncias penales
seguramente a través del Ministerio Publico se irán informando", dijo sin
brindar mayores detalles al respecto y tras brindar un informe ante la Comisión
de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos e Interculturalidad de
la Cámara de Senadores.
Ayer, el Juzgado 2° de Instrucción en lo
Penal de Beni envió a la cárcel de Mocoví, preventivamente, al ex dirigente de
la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb),
César Quisbert, por irregularidades en el proyecto de Mejoramiento de Ganado
Lechero en la comunidad El Cerrito de ese departamento amazónico.
Según la denuncia, el Fondo Indígena
desembolsó más de 643.000 bolivianos, equivalentes al 67% del total de la
inversión del proyecto, a favor de los dirigentes encargados en la comunidad,
quienes depositaron ese dinero en la cuenta bancaria personal de Quisbert.
La Interventora sostuvo que a la fecha se
revisan 1.100 proyectos del Fondo Indígena y aseguró que "si se encuentra
algún tipo de comisión del delito se remitirá al Ministerio Público bajo el
principio de cero tolerancia a la corrupción".
Dijo que hace un poco más de un mes que
ejerce como interventora por lo que -a su juicio- la revisión de 1.100
proyectos "es una tarea complicada y que demanda el cien por ciento del
tiempo".
Según, Fuentes se tendrán resultados preliminares
en los próximos cinco meses, en el marco del semestre otorgado para la
intervención.
Indicó que a la fecha se están armando las
carpetas de los 1.100 proyectos con documentación que fue hallada de forma
dispersa.
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