EXMAGISTRADO PIDE NO GASTAR DINERO EN REFERÉNDUM JUDICIAL

“No es necesario abrir la Constitución”, dice Rivera

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- José Antonio Rivera, exmagistrado del Tribunal Constitucional, propuso no gastar dinero en consultas populares para tratar de superar la crisis judicial del país ni abrir la Constitución Política del Estado para dicho fin.

Rivera, en una entrevista concedida al programa “Hagamos Democracia” de ERBOL Radio, afirmó que la realización de procesos como el referéndum conlleva gastos onerosos y además, según él, no es el camino adecuado para mejorar la situación de la justicia boliviana.

“En octubre de 2011, Bolivia ha gastado 160 millones de bolivianos para elegir a unas autoridades que no han recibido el voto mayoritario porque entre votos nulos y blancos sumaron el 60%, apenas el 39% fue el voto válido y se hizo semejante gasto del cual ahora nos estamos quejando”, argumentó.    

“Se cometieron errores en los procesos constituyentes porque nos vendieron la imagen de que con la elección por voto popular la crisis se superaba y el tiempo nos ha dado la razón a quienes criticamos ese sistema que, en vez de solucionar, ha empeorado la situación (…) no es necesario abrir la Constitución para encontrar soluciones o poner remedios urgentes y prontos a objeto de que los bolivianos podamos gozar de una justicia independiente e imparcial”, explicó Rivera.

La exautoridad agregó, que si bien no debería de llamarse a consultas para la toma de decisiones judiciales, en el caso de la elección de jueces de instancia, la Constitución prevé que ésta debería recaer en el Consejo de la Magistratura, los vocales de los tribunales departamentales deberían ser elegidos por el Tribunal Supremo de Justicia y los magistrados por voto popular.

En cambio, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, afirmó que el tema judicial, más bien amerita una amplia participación del pueblo, mediante un debate.

“La solución a la crisis judicial en Bolivia tiene que ser el fruto de un debate de amplia participación social, donde se definan e identifiquen los grandes males que la aquejan y que permita resolver los problemas que tienen tan afligida a la gente porque todos somos potenciales usuarios de la justicia, por tanto tenemos derecho de participar en ese proceso”, declaró Gonzales.

El senador añadió que la lógica de que sólo los abogados pueden hacer las leyes, hoy, se encuentra obsoleta porque la actual Constitución Política del Estado se la debe al pueblo, representado por cada diputado de todos los segmentos de la sociedad.

Enfatizó que la justicia debe priorizar a los sectores más empobrecidos del país, porque hay muchas normas escritas por un grupo de eruditos que, en el terreno real,  no tienen aplicabilidad y son inviables.     

“La gente pretende ser dueño de la verdad y dos personas que pueden tener una enorme trayectoria seguramente serían un aporte muy substancioso para este proceso, pero que además pretendan decir qué se debe hacer, cómo se tiene que hacer o para qué debe servir un referéndum, me parece poco democrático”, discrepó el Presidente del Senado.  

Justicia boliviana siempre en problemas

En relación a la situación de la justicia boliviana a través de la historia del país, el exmagistrado puntualizó que ésta nunca estuvo exenta de problemas, pero hoy en día se encuentra en uno de los niveles más álgidos de su adversidad.

“La justicia boliviana siempre tuvo dificultades, aunque hubo altos momentos de luces durante la época republicana, como con el jurisconsulto connotado Pantaleón Dalence, pero la mayoría de las veces siempre tuvo problemas debido a causas estructurales, porque los gobernantes no han tenido la voluntad política de enfrentar esas causas y poner soluciones en razón a que siempre han tenido cálculos políticos de instrumentalizar la justicia para sus fines sectarios”, contextualizó Rivera.

El abogado identificó las causas estructurales de este problema, citando entre algunas, el poco presupuesto que apenas asciende al 0.37% del fondo general de la nación, las causas institucionales, las de orden profesional y humano por la crisis en la formación universitaria y las causas políticas por su alta injerencia en el órgano judicial.

“Cuando la justicia anda mal no hay seguridad jurídica y no podemos lograr una convivencia pacífica, las expresiones de la crisis son la terrible retardación de justicia, la falta de acceso al servicio judicial estatal, los altos índices de corrupción, los fallos injustos, la sistemática y permanente violación de derechos fundamentales de las partes que intervienen en un proceso”, remarcó Rivera.

Sugerencias para frenar la crisis

El exMagistrado también realizó algunas sugerencias para frenar la crisis de la justicia boliviana como destinarle un mayor presupuesto, mejora en los pasos para designar jueces y evitar la injerencia política desfavorable a la misma.

“Entre tanto se asigne un presupuesto tan bajo, la justicia seguirá dependiendo de la voluntad del Ejecutivo (…) hay bolivianos que no tienen derecho de acceso a la justicia porque hoy tenemos 887 jueces para 11 millones de habitantes y de 337 municipios sólo 180 cuentan con un juez del Órgano Judicial (…) por otro lado los sistemas de designación de los jueces y la evaluación profesional, el problema institucional cuando se le pone un plazo de mandato a un juez y viene la reelección, entre otros elementos, se deben cambiar”, expresó Rivera.

“Los abogados no somos los culpables”

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, dijo que la crisis jurídica no siempre puede ser de completa responsabilidad de los profesionales en derecho y que por el contrario podría deberse a otros factores.     

“Hemos llegado a fondo, pues siempre hubo problemas en la justicia boliviana, pero actualmente la justicia boliviana no está marchando bien (…) pero tampoco los abogados somos los culpables, es un problema estructural, es el capital humano, es el capital económico, por lo que todos debemos juntarnos dejando atrás nuestros intereses”, manifestó Jiménez.

Al igual que Rivera, el Presidente del Colegio de Abogados dijo que la solución de esta problemática estriba en la formación de profesionales expertos y con valores orientados al ejercicio de la jurisprudencia, que se encargarían de frenar la crisis judicial.

“Hay que atacar el elemento más pernicioso que está corroyendo a la justicia, la falta de formación y de educación, si nosotros educamos seres humanos con responsabilidad y honestidad esa persona donde vaya será honesto y responsable, entonces hay que fortalecer los valores fundamentalmente porque la universidad no te da esos valores, sólo el título”, expresó el abogado.