EMPRESA BRASILEÑA CULPA AL GOBIERNO POR NO INICIO DE OPERACIONES DE PAPELBOL

LA PAZ, BOLIVIA (ANBOLIVIA / Erbol).- El director Ejecutivo de la empresa brasileña D´Andrea Agrimport, Roberto Calacino, responsabilizó al gobierno de Evo Morales, porque hasta la fecha la fábrica de papel (Papelbol) en Villa Tunari no ingresó en operaciones.

El empresario, en contacto telefónico desde Río de Janeiro, aseguró que la factoría brasileña cumplió con las estipulaciones del contrato y que para el montaje de la maquinaria y equipos, el Poder Ejecutivo debería cumplir con la infraestructura y la disponibilidad de servicios básicos.

“Ya hemos entregado el cien por ciento, ya está listo en Villa Tunari, entregamos todo lo que estaba comprometido. Lo que no conseguimos hacer los términos del montaje porque no hay el cumplimiento del gobierno”, afirmó.

Calacino recordó que Papelbol se había comprometido a construir los módulos para asentar los equipos, la provisión de agua suficientemente tratada, provisión de gas natural, energía eléctrica de cuatro megas, entre otras obras civiles.

“No hubo cumplimiento del Gobierno para hacer su parte. Por ejemplo, en energía eléctrica necesitamos de cuatro megas de mil, sobre el agua necesitamos la provisión seis metros cúbicos más o menos para hacer funcionar la máquina y no consiguieron agua. Gracias a eso la empresa ya no pudo hacer nada”, enfatizó.

Algo de historia

La empresa pública Papelbol se creó durante la gestión de Eduardo Peinado Rivero, en el Viceministerio de la Mediana, Gran Empresa e Industria, mediante Decreto Supremo 29255 de fecha 5 de septiembre de 2007, y se dispuso su instalación en Villa Tunari, provincia Chapare, departamento de Cochabamba.

Entre el 28 y 29 de noviembre de 2007, el Gerente General de Papelbol, Antonio Camberos Bolaños, aprobó el documento base de contratación y autorizó el inicio y prosecución del proceso de contratación directa por excepción de Maquinaria y Equipos destinados a la fábrica de papel.

De forma rápida, el 6 de diciembre de 2007 el Comité de Contratación, conformado por los servidores públicos Ramiro Rodrigo Bracamonte y Germán Sainz Salvatierra, recomendaron la contratación de la única empresa evaluada D’Andrea Agrimport Importacao e Comercio Ltda. Se cristalizó la adjudicación a la empresa señalada al día siguiente, 7 de diciembre de 2007, mediante resolución administrativa No 005/2007.

Más cuestionamientos brasileños

El director Ejecutivo de la empresa brasileña D´ Andrea Agrimport, Roberto Calacino, -en exclusiva con ERBOL- cuestionó la conducta asumida por el gobierno en el manejo del tema, porque en sus decisiones posteriores al escándalo de Papelbol, no le explicó a la opinión pública sobre sus compromisos asumidos.

“En la parte de las obras civiles también se cambio tres o cuatro compañías bolivianas, hemos logrado cursar sus retornos (sic). Lo que pasa pues es que nosotros hemos extendido  casi un año o más (del acuerdo inicial para el montaje). Ellos no consiguieron cumplir (con las obras civiles y la provisión de agua, luz y gas natural), cerramos el contrato”, enfatizó.

El representante de la empresa sostuvo que siempre hubo predisposición para solucionar el atraso en la puesta en marcha de los equipos. Además que de por medio se encontraba “la imagen corporativa”.

“Nosotros ya habíamos entregado todo (incluida la documentación de respaldo), tanto que (la compañía de seguros) Zurich, estaba satisfecha por la responsabilidad de la entrega de equipos y maquinarias en los plazos previstos”, afirmó.

Según la imputación formal presentada por el fiscal Félix Peralta, el  ex viceministro de la Mediana, Gran Empresa e Industria, Eduardo Peinado Rivero, y sus colaboradores cometieron los delitos de Uso indebido de influencias (Artículo 146 del Código Penal), Incumplimiento de deberes (Artículo 154 Código Penal), Conducta Antieconómica (Artículo 224 del Código Penal), cuyas penas oscilan entre dos a ocho años de cárcel.

“Nosotros ya tenemos de toda esa documentación. Nosotros entramos en Cochabamba  donde el gobierno colocó un contrato donde teníamos que entrar para hacer el análisis de la factibilidad”, dijo.

Según D´Andrea Agrimport, el gobierno boliviano pagó 13.571.000 por las maquinarias, en el que estaba incluido el montaje y la capacitación de personal que operaría.

La Paz, 25 mayo 2012 – A.P.V./