LIDEMA: MEDIDA SOBRE MINERA SAN CRISTÓBAL DEBERÍA TAMBIÉN CONSIDERAR MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

ORURO, BOLIVIA (ANBOLIVIA).- “El anuncio del Ministerio de Minería sobre una participación estatal mayor al 55% en las utilidades que genera la Minera San Cristóbal, a cargo de la transnacional Sumitomo, basada en la migración de la minera a un contrato de operaciones, es una muy buena noticia”, aseguró Jenny Gruenberger Pérez, Directora Ejecutiva de la Liga de Defensa del Medio Ambiente, Lidema.

Según un boletín institucional, la medida significaría incrementar los ingresos estatales “en siete veces más que el actual mísero 7% que la mega minera retribuye al país y las regiones, por concepto de regalías e impuestos”, asegura Gruenberger.

Para la Directora de Lidema, dicha modificación tributaria y la nueva forma de operación contractual “implicaría una aproximación positiva a un esquema de mayor equidad económica, y debería también traducirse en una mayor protección ambiental de los impactos que esta actividad extractiva provoca, principalmente en cuanto al uso de enormes volúmenes de aguas no renovables, provenientes de acuíferos fósiles, al uso de grandes cantidades de reactivos de alta peligrosidad, como el cianuro y otros que están afectando a una de las regiones más secas del país y socavando los medios de vida de sus habitantes”, acotó.

“Lo deseable en una situación como la que se plantea sería reducir la intensidad y dimensión del emprendimiento extractivista, hacia una menor escala y, sobre todo, con mayor responsabilidad socioambiental”, precisó Gruenberger, ya que “no sólo se trata de rescatar la dignidad como país en cuanto el manejo económico y obtener una mayor retribución por nuestros recursos explotados por la transnacional, sino de avanzar hacia el vivir bien de la población”, agregó.

“En términos generales, este tipo de medidas, deberían implicar un cambio hacia un modelo menos extractivistas, con mayor responsabilidad socio ambiental, que signifiquen, por ejemplo, la reducción del  ritmo y magnitud de las extracciones, en la lógica del Vivir Bien”, acotó.

Bajo dicha figura, si el Estado boliviano pudiese explotar dichos yacimientos “a un ritmo y magnitud mucho menores, lógicamente, podría asegurar ganancias mucho mayores para el país y, además, lograr mayor responsabilidad socio ambiental en las operaciones que la transnacional Sumitomo, dando como resultado un escenario futuro más ventajoso para el país”, concluyó.

En la actualidad el tajo a cielo abierto de San Cristóbal se acerca a las 3.000 hectáreas (con más de 100.000 tn/día de remoción de tierras) y un uso expoliativo de aguas subterráneas de más de 50.000 metros cúbicos/día, aunque curiosamente un último informe de Sumitomo reporta cifras menores, esto a pesar de que sus volúmenes de minerales procesados han aumentado.

Según información de los Ministerios de Finanzas y de Minería, el año 2011, este megaproyecto exportó minerales por un valor de 2.400 millones de $US, en tanto que por concepto de impuestos y regalías, se quedaron en el país un total de 178 millones de $US (7.41%).

El mismo año, la minera San Cristóbal rechazó la intención de la propuesta de la nueva Ley Minera de aumentar los impuestos mineros.