Juez
envió a Chonchocoro
 |
| El exclub nocturno Katanas de La Paz. Foto/Internet |
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El Ministerio Público informó este domingo de la detención
preventiva del funcionario de la Alcaldía de La Paz, Miguel A. N. en la cárcel
de máxima seguridad de Chonchocoro por la presunta comisión de los delitos de
trata de personas, en grado de complicidad, asociación delictuosa y concusión,
al alertar de los operativos municipales a los administradores del club
nocturno Katanas, donde varias mujeres eran explotadas sexualmente.
”El
Ministerio Público ha logrado determinar la verdad material en base a la prueba
documental debidamente obtenida que evidencia la comisión de los delitos por
los que es imputado este funcionario municipal, quien deberá guardar detención
preventiva en Chonchocoro”, señaló el Fiscal Departamental de La Paz, Edwin
Blanco Soria.
En la
audiencia de medidas cautelares, la fiscal asignada al caso, Karina Cuba,
aseguró que el Ministerio Público colectó los suficientes indicios de
convicción respecto a que el sindicado tenía conocimiento de los días de los
operativos municipales y en lugar de denunciar los hechos de trata que se
registraban en el Katanas, contrariamente encubrió y alertó a los dueños de ese
lenocinio.
“Tenemos
entre los indicios, el extracto de llamadas que se han realizado a los
celulares que han sido secuestrados del local Katanas, en el que se ha evidenciado
que los administradores se contactaban con este funcionario, quien coadyuvaba
en los ilícitos”, indicó.
Ante lo
expuesto por el Ministerio Público, la autoridad jurisdiccional determinó
aplicar la medida extrema de la detención preventiva, tras establecer la
comisión de los hechos por parte de imputado y evidenciar los riesgos
procesales de fuga, por falta de un arraigo social, además del peligro de
obstaculización, entre otros.
En
septiembre del año pasado, el dueño del club nocturno Katanas, Marco Cámara,
fue recluido en la cárcel de San Pedro por la presunta comisión de los delitos
de trata de personas y organización criminal, denunciados por su hija, Noemí
Cámara.
De
acuerdo a las investigaciones, Cámara enviaba
a su administrador, Gustavo Fernández, a países vecinos para reclutar
mujeres jóvenes dispuestas a trabajar en Bolivia como supuestas modelos.
Una vez
captadas, Cámara viabilizaba la inmigración de las mujeres para posteriormente
despojarlas de sus documentos y obligadas a tener relaciones sexuales con
clientes del club nocturno, bajo amenaza de deportación.
Según
con el cuaderno de investigación, las mujeres eran llevadas durante el día a la
casa de Cámara en la zona Llojeta, y en la noche eran trasladadas al local
Katanas, donde presuntamente eran explotadas sexualmente.
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