Es de
manera temporal
LA
PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Un juez federal del Estado de
Washington ha bloqueado temporalmente la aplicación en todo el país del veto
migratorio de Donald Trump. La sentencia, que aún puede apelar el Gobierno en
un tribunal superior, significa que no se podrá implementar la orden ejecutiva
que desde el pasado 27 de enero impide la entrada a Estados Unidos de
refugiados e inmigrantes de siete naciones de mayoría musulmana.
“Hoy ha prevalecido la
Constitución. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente”,
afirmó el fiscal general de Washington, Bob Ferguson, tras conocer el dictamen.
El fiscal añadió que esperan que el presidente Trump “cumpla con esta orden” y
que detenga su aplicación en los puertos de entrada al país. La sentencia
firmada por el juez federal James Robart prohíbe a los trabajadores federales
de todo el país aplicar el decreto de Trump.
La Casa Blanca anunció en un
comunicado que el Departamento de Justicia apelará el dictamen "lo antes
posible" y que la Administración considera que el decreto migratorio es
"legal y adecuado". El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer,
asegura que "la orden tiene la intención de proteger el territorio
nacional y [el presidente] cuenta con la autoridad y la responsabilidad
constitucional de proteger al pueblo americano".
El Departamento de Estado
trabaja desde la noche de este viernes con el Departamento de Seguridad
Nacional para determinar los efectos prácticos de esta sentencia, según
declaraciones de un portavoz a Reuters. La agencia asegura que el departamento
de Aduanas ya ha dado la orden a las aerolíneas de que permitan embarcar a
quienes, a pesar de tener visados en regla, se habían visto afectados por el
veto migratorio. El Gobierno federal asegura que el decreto supuso la
cancelación de casi 60.000 visados y los solicitantes de entrada en el país
deberán comenzar su proceso de nuevo.
A falta de conocer sus
consecuencias directas, el mayor impacto de esta sentencia podría estar en los
tribunales. El juez ha reconocido el derecho de los Estados y de las empresas a
querellarse contra el Gobierno federal por el efecto que tiene la orden
ejecutiva en sus residentes. Se espera que el dictamen sea apelado por la
Administración Trump ante una instancia judicial superior y que eventualmente
llegue al Tribunal Supremo para decidir si el veto es constitucional o no.
Robart asegura en su dictamen
que el Estado de Washington, al que después se sumó Minnesota, ha demostrado
“un perjuicio inmediato e irreparable” a consecuencia del veto migratorio. El
juez no se ha pronunciado sobre la legalidad del decreto sino que ha pedido que
no se aplique hasta determinar cuál de las partes lleva la razón en el caso.
El fiscal general de Washington
alegó en su demanda que el veto migratorio viola los derechos constitucionales
tanto de los inmigrantes como de sus familias, así como su derecho a la
libertad religiosa y a la igualdad ante la ley. Ferguson argumenta que la orden
ejecutiva de Trump “está motivada por el odio y el deseo de dañar a un grupo en
particular” apoyándose en declaraciones que el presidente realizó durante la
campaña electoral.
Esta querella cuenta con el
respaldo de grandes compañías como Amazon y Expedia, también asegura que la
orden ejecutiva tiene un impacto negativo en la economía, las empresas y el
sector educativo del Estado. Miles de personas, entre las que se encuentran
estudiantes, médicos, investigadores y trabajadores con permiso de residencia
legal, y a los que sorprendió la orden en su país de origen, vieron que no
podían regresar.
El decreto presidencial del
mandatario republicano bloquea la entrada en EE UU de los refugiados sirios de
manera indefinida. La orden también veta a los inmigrantes de siete naciones de
mayoría musulmana y a los refugiados de otros orígenes, durante los próximos
tres y cuatro meses, respectivamente. Su entrada en vigor desató una oleada de
protestas y caos en aeropuertos de EE UU y del resto del mundo. La Casa Blanca
defiende que no se trata de un veto contra los musulmanes y que el objetivo del
decreto es proteger la seguridad nacional.
La sentencia en Washington
llega horas después de que un juez federal diera permiso al Estado de Virginia
a sumarse a otra querella paralela que también busca bloquear la orden
ejecutiva de Trump. Ese mismo juez ordenó además al gobierno federal que
entregue a las autoridades de Virginia una lista con todas las personas a las
que se haya negado la entrada o hayan sido deportadas de EE UU por el decreto.
Fuente: El País
No hay comentarios:
Publicar un comentario
ANBOLIVIA te invita a ser el quinto poder, opina...con respeto
DEJA TU OPINIÓN EN:
TW: @ANBOLIVIA
TW: @ANBdigital
F: https://www.facebook.com/anboliviadigital