"Tomando en cuenta que él vendió
(SOBOCE en 2015 al peruano Holding Cementero SA) su 51% (de las acciones) en
300 millones de dólares, es decir que la empresa vale 600 millones; 10% es de
los trabajadores, 60 millones, y 20 (millones de dólares) se volteó del Banco
del Estado (liquidado en los "90), vulgarmente se robó de los bolivianos
80 millones" de dólares, dijo en una entrevista en el programa 'El Pueblo
es Noticia' que difunden la radio y televisión estatales.
En base de documentos "oficiales"
que se dijo dispuesto a exhibir públicamente, denunció que el Banco del Estado
debió asumir una deuda de SOBOCE, en 1986, con la Corporación Andina de Fomento
(CAF) por más de 18 millones de dólares.
Deploró asimismo que en acción notarial
fraudulenta se haya despojado del 10% del paquete accionario a los trabajadores
de SOBOCE a espaldas de éstos.
Se trata, estimado en valor libros, de 60
millones de dólares en la actualidad, que SOBOCE de Doria Medina restó de la
propiedad de los trabajadores de la empresa en base de un testimonio falso, lo
que hoy mismo mueve un proceso judicial.
Torrico mostró documentos que afirman la
quiebra de la SOBOCE el año 1986, cuando el Estado a través del Banco Central
asume pagar la deuda contraída por la empresa a recomendación del entonces
Consejo Nacional de Estabilización y Reactivación Económica, que conformaban
Gonzalo Sánchez de Lozada y Guillermo Bedregal.
Denunció también que existe un testimonio
falsificado, donde los trabajadores en una asamblea renuncian al 10% de sus
acciones y ordena en base a esa reunión, la elaboración de la escritura pública
013/94 donde transfiere las acciones a su patrimonio personal.
"Hemos seguido un proceso, esto no es
nuevo, y el fiscal Sarmiento rechaza esta situación indicando que la
inexistencia del protocolo en la notaría del testimonio falso no significa que
sea falso", aseguró.
Torrico informó que se presentó una
querella contra Sarmiento que rechazó el caso y reiteró que presentará pruebas
a la Procuraduría y Contraloría sobre este tema.
En declaraciones a la cadena de radio
difusión ERBOL, Doria Medina se dijo este domingo acusado sin fundamento.
"Las acusaciones del Gobierno son
ridículas, me acusan por la falta del número de carnet en un documento" y
"no han podido encontrar ninguna anomalía en mi gestión" de ministro
entre 1989 y 1993, sostuvo.
Durante la semana dijo que la denuncia se
enmarca en la campaña proselitista en Bolivia, en la perspectiva del referendo
para la enmienda constitucional que definirá la repostulación del presidente
Evo Morales y del vicepresidente Alvaro García Linera en las elecciones de
finales de 2019.
Empresario de la comida rápida, Doria
Medina lidera la opositora conservadora Unidad Nacional, principal mformación
política que adversa a Morales.
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