TELESUR: CRONOLOGÍA DE LOS ATAQUES DE EEUU CONTRA EVO MORALES

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI, AGENCIAS).- El ataque de Estados Unidos contra el Gobierno de Evo Morales ha sido sistemático desde su llegada al poder en Bolivia, reseña el martes una cronología de esas acciones difundida por Telesur.

    Estados Unidos  ha sido partícipe de manera directa e indirecta, de los intentos de buscar la salida del presidente de Bolivia, Evo Morales y con ello, consolidar su poder hegemónico en América Latina, remarca la cadena venezolana citando a varios expertos en política internacional.

    A su juicio, desde acusar al mandatario boliviano de narcotráfico, hasta planes de magnicidio en su contra, han formado parte de la agenda desde que Morales anunciara su modelo de política social, en beneficio de un pueblo indígena olvidado a lo largo de los más de 30 años de democracia.

    La cronología de los ataques de EEUU contra el presidente boliviano de Telesur cita las siguientes acciones.

    El 1 de mayo de 2006, fue el inicio de una serie de estatización de empresas, siendo la del petróleo la primera, lo que marcó la recuperación de los recursos naturales y tomó los beneficios que generaba la comercialización de estos para el pueblo, hecho que causó incomodidad al Gobierno estadounidense a lo largo de la historia, como lo sucedido con Chile o Cuba, por mencionar ejemplos.

    En 2008, a dos años del Gobierno de Evo Morales, que se caracterizaron por nacionalizar las industrias de recursos renovables y no renovables, como el agua, la minería, el petróleo y los hidrocarburos en general, Estados Unidos bajo el mandato del republicano, George W. Bush, decidió suspender de forma indefinida a Bolivia de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA por su sigla en inglés).

    EE.UU. alegó entonces, que el mandatario boliviano no colaboraba en la lucha antidrogas con la nación norteamericana.

    Morales calificó la acción como una "venganza política y una forma de amendrentar a otros países" por parte de la nación norteamericana, al tiempo que precisó que las hectáreas de coca se habían reducido en sus dos años de gestión en aproximadamente seis mil hectáreas, en comparación con Perú y Colombia, según datos de las Naciones Unidas.

    El jefe de Estado boliviano declaró que su país estaba mejor sin esa ley dictada por el Congreso estadounidense, asimismo denunció que los norteamericanos condicionaban la política arancelaria preferencial, a cambio de la privatización de los recursos naturales.

    En agosto de 2008, se realizó un referéndum revocatorio en Bolivia, para conocer el deseo de los ciudadanos respecto a la permanencia de Evo Morales en el poder.

    Un contundente 67,43 por ciento de los votantes ratificó al primer presidente indígena en el Poder Ejecutivo de Bolivia, tras meses y meses de conflicto entre clases.

    La decisión del voto popular no fue suficiente argumento para cesar las hostilidades, especialmente en la región conocida como la Media Luna, integrada por los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Beni y parte de Chuquisaca.

    El 19 de agosto de ese año, se desató el paro cívico por parte de sectores de la oposición de la Media Luna, que criticaban las medidas de Morales de destinar recursos a programas sociales.

    Se dio a conocer que el embajador de Estados Unidos, Phillip Goldberg, sostuvo encuentros con líderes opositores, entre ellos Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz desde 2005, alegando que ésta se realizó para acordar la entrega de recursos para la realización de Olimpiadas Especiales pero, el Gobierno de Bolivia denunció injerencia por parte de George Bush.

    El punto álgido de la crisis en Bolivia se vivió casi un mes después, lo que se conoce como la "Masacre de Porvenir" ocurrida el 11 de septiembre, donde 30 personas afectas a Evo Morales fueron asesinadas en el departamento del Pando, por lo que el mandatario boliviano decidió expulsar a Goldberg.

    Con el respaldo de Unasur, Bolivia pudo realizar las investigaciones pertinentes sobre los sucesos del Pando, por los que fueron acusados el prefecto de ese departamento, Leopoldo Fernández, el exalcalde de Cobija, Miguel Becerra, y el senador de Unidad Nacional (UN) Abraham Cuéllar, por genocidio, aunque luego quedó sin efecto la medida contra Fernández.

    La Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) señaló en 2008, que Bolivia no colaboraba con la nación extranjera en la lucha antinarcotráfico, a pesar de que la ONU destacaba el comportamiento a favor de ese objetivo por parte del Gobierno de Morales.

    El dignatario boliviano denunció en noviembre de ese año, que "la política contra el narcotráfico no puede convertirse en un elemento de colonización" además, criticó la participación política de la DEA, fuera de sus competencias, financiando grupos para atacar a miembros de la nación latinoamericana y en general, a los intentos de golpe de Estado contra Morales.

    En ese sentido, el presidente de Bolivia decidió expulsar al organismo norteamericano de forma indefinida, como medida en defensa de su soberanía.

    A finales de 2015, Morales declaró que "sin DEA y sin plata", a meses de cumplirse diez años de su Gobierno, Bolivia se apunta a reducir de 20 mil a 30 mil las hectáreas de coca, como parte de su lucha antidrogas.

    Cabe destacar que a inicios de 2016, se eliminaron los manuales de la DEA por parte de la Fiscalía de Bolivia, y la Sección Antinarcóticos de Estados Unidos (NAS), a fin de democratizar la participación de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba en la lucha contra los narcóticos.

    La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid por su sigla en inglés), fue acusada por el presidente de Bolivia, de cometer actos injerencistas contra ese país, por lo que decidió en 2013 expulsar al organismo.

    "Estados Unidos sigue conspirando. Por eso, aprovechando esta concentración, hemos decidido expulsar a Usaid de Bolivia. Se va. Nunca más Usaid va (a seguir) manipulando y utilizando a nuestros hermanos dirigentes", expresó en esa oportunidad Evo Morales.

    El Gobierno boliviano criticó que la Usaid, bajo el pretexto de colaborar en proyectos sociales en la nación suramericana, manejaba un capital sin justificación ante el Estado, el cual superaba los 22 millones de dólares entonces.

    Aunado a ello, Morales aseguró que la presencia de la agencia estadounidense, sirvió para dividir a los líderes sociales y a destinar recursos para planes conspirativos en contra de su Gobierno.

    Tras la expulsión de la Usaid, Estados Unidos decidió a inicios de 2014 retirar la cooperación económica que sostenía en Bolivia, para proyectos sociales a través de dicha agencia.

    "Nuestro apoyo económico (a Bolivia) siempre se ha entregado a través de Usaid, y a petición del Gobierno boliviano ésta ya no opera en el país, así que el apoyo económico ya no es un tema entre los dos países", argumentó el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Larry Memmott en ese momento.

    La respuesta de Evo Morales fue que "no se sometería a los chantajes de EE.UU.".

    Por otra parte, en septiembre de ese año, Estados Unidos anunció que Bolivia formaba parte de la "Lista Negra" conformada por 22 países, entre ellos Venezuela, Haití, Ecuador y Nicaragua, como países productores y tráfico de droga.

    El Gobierno de Bolivia condenó que la lista se basara "en un informe unilateral" al tiempo que ratificaba su compromiso para combatir el narcotráfico.

    Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés), detalló que Bolivia pasó de 23 mil hectáreas en 2013 a 20 mil 400 hectáreas en 2014, lo que significó una reducción de 11 por ciento en tan solo un año.

    En 2015, Estados Unidos ingresó nuevamente a Bolivia en la misma lista negra.

    El 3 de octubre de 2015, el ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, dio a conocer una serie de documentos colgados en Wikileaks, en los que se reveló los planes de magnicidio entre agosto y septiembre de 2008, contra el mandatario de ese país, Evo Morales.

    Los documentos hacían alusión, a los hechos violentos de la "Media Luna" en ese entonces, para forzar la salida de Morales del poder, en los mismos se señala la participación directa de Estados Unidos con líderes autonomistas.

    Además, se hace referencia a los ataques contra los gasoductos, hecho que se registró el 10 de septiembre de 2008, en el que grupos opositores arremetieron con la central de Tarija, lo que afectó el suministro de gas en Brasil y, la toma de Vuelta Grande, en el departamento de Chuquisaca, afectado el suministro de gas en Argentina.

    De acuerdo con Quintana, la serie de textos publicados por Wikileaks, hablaban sobre la participación política de la Usaid en los sucesos de la Media Luna, donde se mantuvo la mayor tensión para derrocar a Morales de la presidencia.