PIDEN ANALIZAR ‘USO EROTIZANTE’ DE LA IMAGEN DE NIÑAS EN TV

Registran 2.094 casos de vulneración de derechos

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, identificó hoy a las niñas y adolescentes mujeres como uno de los sectores más vulnerables de la población boliviana y en ese marco emitió 13 recomendaciones, entre ellas un posible acuerdo para “analizar” el uso erotizante de la imagen de las menores en la programación de la televisión. 

“Establecer acuerdos entre el Ministerio de Justicia y los medios televisivos de todo el país, a fin de realizar el seguimiento a la programación nacional y extranjera, de modo que se analice el uso erotizante de la imagen de niñas y adolescentes y el lenguaje que genere vulneración de sus derechos”, dice la décima segunda recomendación de la Defensoría.

Esta sugerencia está incluida en un diagnóstico de la Defensoría del Pueblo, que señala a las niñas y las adolescentes mujeres de 0 a 17 años como el sector que enfrenta en Bolivia la vulneración de sus derechos en cinco ámbitos específicos de riesgo (violencia sexual; trata y tráfico y violencia sexual comercial; embarazo precoz;  matrimonio adolescente; y explotación y discriminación laboral).

Para el Defensor, pese a que las niñas y las adolescentes representan el 20% de la población boliviana, se encuentran invisibilizadas y sus derechos, prerrogativas y deberes, se encuentran insertos, de manera general, en leyes referidas a la niñez y adolescencia y a las mujeres. 

De hecho –indicó– que la legislación  boliviana coloca en un mismo grupo a infantes, niñas, niños, adolescentes mujeres y adolescentes hombres. “Esta omisión generalizadora ha provocado que el Estado y la sociedad ignoren los graves problemas que les afecta como población”, manifestó la autoridad.

DATOS DEL DIAGNÓSTICO

Las niñas y las adolescentes, en comparación con  sus pares varones, sufren los más altos niveles de violencia en sus diversas formas.

Registros de 2014

En 2014, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) registró 2.579 hechos delictivos cometidos contra menores de 17 años, de estos, 2.112 (82%) afectaron a niñas y adolescentes mujeres. 

Los índices más elevados que se presentaron son delitos sexuales con un 95%, violencia psicológica con 83% y violencia física con 80%.

Sin embargo el número de casos de violencia que reportan los medios de comunicación son mucho más alarmantes.

De los 73 casos de muertes violentas registradas, 36 corresponden a niñas y adolescentes mujeres.

Los datos sobre violencia sexual muestran 326 casos, de esos 281 corresponden a los perpetrados contra niñas y adolescentes mujeres y los restantes 45 a sus pares varones.

Registros de 2015

De acuerdo a las denuncias recibidas en la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, en los primeros nueve meses de 2015, se registraron 2.094 casos de vulneración de derechos humanos de personas menores de 18 años, de este total, el 61% afectó a niñas y adolescentes mujeres.

Los derechos que más se denunciaron están referidos a la integridad personal con el 25%; le siguen los derechos a la familia y a la protección de y en ella con el 19%; y los derechos a la educación con un 18% del total. 

Las denuncias de violación del derecho a la integridad están referidas a violencia escolar, familiar, en la sociedad y violencia psicológica, es decir que la violencia está presente en todos los contextos de su vida, indica el informe defensorial.

Embarazos 

Según estudios del Banco Mundial y de UNFPA, las adolescentes de entre 15 y 19 años tiene dos veces más probabilidades de morir durante el embarazo o parto que aquellas mayores de 20 años. Las  menores de 15 años tienen cinco veces más probabilidades de fallecer.

Estos mismos informes señalan que en Bolivia cada día 246 adolescentes resultan embarazadas, lo que significa 90 mil embarazos adolescentes al año.

Según esta institución, son madres el 25 por ciento de las adolescentes  de entre los 12 y 18 años. Datos del Censo 2012, indican que 65.947 adolescentes declararon que tuvieron al menos un hijo.

Trabajo

El estudio defensorial también muestra que el trabajo que realizan las adolescentes, especialmente cuando lo hacen en hogares de terceros, este grupo poblacional es desvalorizado y precario en cuanto a sus derechos.

Del mismo modo, el trabajo infantil y adolescente discrimina a las mujeres y las pone en mayor riesgo, fundamentalmente de violencia.

La Encuesta de Hogares 2012 señala que las niñas y adolescentes trabajan un promedio de 23 horas semanales, es decir alrededor de 5 horas por día de lunes a viernes, porcentaje muy similar a los niños y adolescentes varones.

El estudio “Trabajo Doméstico Infantil en Hogares de Terceros en Bolivia” señala que el trabajo doméstico ha sido atribuido a las mujeres y es adjetivado como no productivo, fácil de realizar, carente de trabajo intelectual y creativo y, sobre todo, como carente de valor frente al trabajo proveedor, generalmente considerado como masculino. 

A esta primera desvalorización se suma nuevamente la violencia que les circunda, pues el 72% de las encuestadas refieren haber sufrido algún tipo de maltrato como gritos, golpes, indiferencia, discriminación, racismo y haber estado expuestas a peleas familiares, gestos o palabras hirientes, castigos, privación de salidas de forma constante o eventual.

Delitos

A diferencia de los varones, las mujeres adolescentes son las que menos delitos cometen.

Un informe de la Dirección de Régimen Penitenciario de 2013, indica que de 582 adolescentes en recintos penitenciarios, 527 eran varones y 55 mujeres.

En relación a los casos que atendió el SEDEGES y el SEDEPOS en 2012, se registraron 1.009 casos de adolescentes en conflicto con la Ley, de estos 105 (10%) fueron mujeres y la mayor parte de ellas tenían 15 años de edad.

Educación

La Defensoría señala que pese a toda la compleja realidad en la que se desenvuelven las niñas y adolescentes mujeres, el derecho a la educación, en los últimos diez años, ha alcanzado notables avances en Bolivia, especialmente en relación al acceso y permanencia, aunque existen todavía diferencias entre el campo y las ciudades. 

“Lo que falta por hacer en esta área es eliminar la discriminación de género que sigue presente en el currículum oculto, que mantiene estereotipos respecto a los roles tradicionales de mujeres y hombres y al menosprecio de las capacidades y el aporte social de las mujeres”, remarca.

Las 13 recomendaciones del Defensor

La Defensoría del Pueblo, frente a esta realidad de las menores, emitió las siguientes recomendaciones:

1.- Implementar en el Ministerio de Justicia, la Dirección de Defensa y Promoción de los Derechos de las Niñas y las Adolescentes como unidad responsable de promover políticas y medidas de acción e intervención específicas para disminuir los niveles de violencia que sufre esta población.

2.- Disponer que en la Política Plurinacional de Derechos Humanos 2015 – 2020, de responsabilidad del Ministerio de Justicia, se incorpore a la niña y la adolescente como población altamente vulnerable y se consideren acciones y estrategias especiales para disminuir la violencia y la discriminación que sufre esta población

3.- Instruir que en toda la generación de datos, cifras y análisis cuantitativo y cualitativo de todas las instituciones del Estado que realizan investigación referida a las áreas sociales, judiciales y de derechos humanos, se incluyan datos diferenciados que visibilicen la situación de las niñas y las adolescentes y que se registren y publiquen por el Sistema Nacional de Información de la Niña, Niño y Adolescente.

4.- Solicitar a la red Parlamentaria de la Niñez y la Adolescencia de la Cámara de Diputados, que se analice la necesidad y urgencia de debatir una Ley Integral de Protección y Promoción de los derechos de las niñas y las adolescentes con amplia participación de las adolescentes de todo el país, especialmente las adolescentes trabajadoras, las víctimas de violencia sexual, trata y tráfico, estudiantes, con discapacidad y otras, tanto de las áreas rurales como urbanas.

5.- Solicitar el Ministerio de Educación integrar al plan de estudios obligatorio, la prevención de la violencia de género en todas las unidades educativas del país.

6.- Implementar, desde el Ministerio de Salud, campañas y programas de capacitación al personal de salud para sensibilizar en la atención oportuna y con especialidad a niñas y adolescencia víctimas de violencia sexual.

7.- Crear el sistema de atención diferenciada y especializada para adolescentes sobre la salud reproductiva y sexual y la disposición del servicio diferenciado para adolescentes en todos los niveles de salud. 

8.- Invertir en programas de prevención  de la violencia sexual y el embarazo precoz en todos los niveles del servicio de salud.

9.- Debatir, en la Asamblea Legislativa, la modificación del Código de Familias en sus Arts. 139 y 145 a fin de prevenir los matrimonios o uniones de hecho, generados a partir de delitos como el estupro o la violación y establecer la prohibición de esta práctica.

10.- Aplicar con urgencia los protocolos de atención especializada y de atención prioritaria a las víctimas de violencia sexual, con utilización de la Cámara Gesell, con la finalidad de no incurrir en la revictimización.

11.- Disponer, en cada unidad educativa urbana y rural, pública, privada y de convenio, diurnos y nocturnos, con cargo a los presupuestos de los Gobiernos Municipales, el sistema de transporte escolar y de seguridad policial permanente.

12.- Establecer acuerdos entre el Ministerio de Justicia y los medios televisivos de todo el país, a fin de realizar el seguimiento a la programación nacional y extranjera, de modo que se analice el uso erotizante de la imagen de niñas y adolescentes y el lenguaje que genere vulneración de sus derechos.

13.- Demandar al Ministerio de Gobierno que se generen reglamentos internos que sancionen con medidas disciplinarias máximas cualquier acción de violencia, acoso, humillaciones o insultos que puedan ejercer miembros de la policía cuando realice intervenciones policiales o investigaciones en las que se hallen involucradas adolescentes mujeres.  Asimismo generar campañas de sensibilización y educación sobre los derechos específicos de esta población.