LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- Bolivia presentó el lunes ante el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una solicitud de
nulidad del fallo emitido a favor de la empresa chilena Química e Industrial de
Bórax (Quiborax), por la supresión de su licencia para explotar la concesión
minera de ulexita en el Salar de Uyuni (Potosí).
"En la mañana de hoy la Procuraduría
General del Estado ha presentado esta solicitud, la cual debe ser tramitada de
manera inmediata y generará por su puesto un proceso de varios meses, de varios
años, en los que Bolivia demostrará que el laudo que se ha dictado es
absolutamente nulo", informó el procurador general del Estado, Héctor
Arce, en conferencia de prensa.
Según el Procurador, la solicitud de
nulidad invoca el artículo 52 del Convenio de Ciadi y busca demostrar que ese
tribunal se extralimitó en sus facultades, al "ordenar" a Bolivia, en
2010, paralizar el proceso penal que inició en el marco de su "potestad
soberana" para averiguar la verdad de lo que ocurrió, ante la evidencia de
delitos penales.
"En este caso se ha llegado incluso a
violar la soberanía de los estados. Solamente un tribunal puede recomendar y el
tribunal (de la Ciadi) ha ordenado la suspensión del proceso penal y ha
ordenado que no se instaure otro proceso penal, esta es una clarísima
extralimitación de las facultades y potestades del tribunal", subrayó.
A su juicio, en el proceso seguido por
Quiborax se registraron "barbaridades", por lo que se invocará la
nulidad, con todo el derecho y la dignidad, las normas y procedimientos que
están establecidos en los propios reglamentos de los tribunales arbitrales.
Arce aclaró que ese proceso emana desde la
gestión 2004, cuando el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) anuló la licencia
de explotación que tenía la empresa Non Metallic Minerals, filial de Quiborax.
"Por lo tanto, no proviene de ninguna
acción de nuestro Gobierno, sino de gobiernos pasados", dijo.
Enfatizó que Bolivia es profundamente
respetuosa del derecho internacional y se mueve dentro de un estado de derecho
y una institucionalidad "republicana" reconocida en todo el mundo.
"Prueba de ello es que hemos llegado a
una decena de acuerdos con empresas fruto de los procesos de nacionalización.
Fruto de ello es que Bolivia no tiene ningún proceso que pueda generar ninguna
situación conflictiva", añadió.
Dijo que el país siempre honró su palabra y
logró resoluciones favorables para el interés del Estado boliviano, pero
también respetó los derechos de los inversionistas extranjeros.
"Asimismo, como Bolivia es respetuosa
del estado de derecho, tiene que hacer prevalecer el estado de derecho en su
propio favor, en su propio beneficio", mencionó.
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