LA
PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, destacó el
miércoles el alcance de tres consensos entre el Gobierno, la Federación
Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) y los regantes para
viabilizar la aprobación del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia en la
Asamblea Legislativa Plurinacional.
'Se ha podido
superar cualquier tipo de diferencias y ratificar los consensos, estamos
hablando de tres consensos que se ha logrado para viabilizar la Ley Minera, el
primero con Fencomin, el segundo con los regantes y el tercero entre Fencomin
regantes y el Gobierno Nacional', dijo en conferencia de prensa en Palacio de
Gobierno.
Sostuvo que
esos acuerdos que están reflejados en documentos han sido debidamente
sistematizados y suscritos por las partes participantes.
'En
consecuencia hemos eliminado todos los escollos que impedían un adecuado
tratamiento del proyecto de Ley Minera en el ámbito de la Asamblea Legislativa
Plurinacional', dijo.
Recordó que el
proyecto de Ley Minera fue observada por dos sectores sociales: Fencomin y los
regantes, el primero que no estaba de acuerdo con algunas modificaciones
incorporadas en la Cámara de Diputados, relativas a la posibilidad de suscribir
contratos con empresas privadas y la aprobación de los contratos mineros
futuros por el Legislativo.
'Por lo que
esto generó un escenario de conflictivilidad social de polarización, de
posicionamiento entre el Gobierno Nacional y Fencomin en determinado momento,
pero que afortunadamente han sido superadas estableciéndose que los únicos
contratos de asociación admisibles en el marco de la Constitución Política del
Estado son aquellos que los actores productivos mineros puedan suscribir con el
Estado a través de Comibol', aclaró.
Apuntó que se
ha establecido un plazo de 90 días para la aprobación legislativa de los nuevos
contratos mineros que puedan ser otorgados por el Estado con relación a los
actores productivos mineros y si en caso no se cumple este plazo deberán
reputarse como dados por aprobados por aplicación del silencio legislativo.
'Con estos
elementos centrales básicamente han sido superadas las diferencia con el sector
de los cooperativistas mineros y se ha arribado a un acuerdo, también se ha
trabajado con los regantes que observaron algunos artículos referidos a los
recursos hídricos y a la gestión del medio ambiente con relación a la actividad
minera', dijo.
Aclaró que los
recursos y el acceso al agua corresponden al ámbito del dominio público, por lo
que se clarificó la formulación técnica para no dejar 'ninguna ventana abierta'
a la posibilidad de una apropiación privada de recursos hídricos.
'Igualmente se
ha clarificado el hecho de que en caso de producirse daños ambientales esos
deberán ser en la medida de lo posible reparados por el operador', agregó.
Romero
puntualizó que también se incorporó una previsión garantista, en sentido de que
cuando se advierta objetivamente un impacto ambiental adverso esa actividad
minera inclusive podría ser interrumpida en su ejercicio, previéndose una
figura de paralización de actividades mineras.
'Asimismo se ha
establecido que en las áreas protegidas los operadores mineros se someten a las
reglas de manejo del área protegida, que como saben varían de acuerdo a las
categorías de clasificación de áreas protegidas siendo más rígidas en parques
nacionales y menos rígidas en otras áreas de manejo integrado de áreas
protegidas', complementó.
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