TRASLADAR A MILES DE MINEROS O HUNDIRSE: LA DISYUNTIVA DEL CERRO RICO

REPORTAJE

POTOSI, (ANB / Liliana Carrillo V. / Potosí).- Basta mirar con atención a lo lejos: la cima, otrora definida en forma de cono, está hoy desportillada por enormes grietas, como una muela careada. También ha cambiado de color, a un gris sombrío que evidencia el desgaste. Después de más de 500 años de explotación minera, el cerro que enriqueció a la España colonial y dio nombre a Potosí está en riesgo de hundirse.

La solución para detener el deterioro del macizo, declarado Patrimonio del Humanidad, es frenar la extracción en las zonas altas y lograr que los mineros cooperativistas que operan por encima de la cota 4.400 migren hacia otras vetas. Pero son miles y no todos están dispuestos. “Es cuestión de supervivencia y nadie nos da alternativas reales”, argumentan. La nueva gestión del Ministerio de Minería enfrenta así una disyuntiva crítica: regular la explotación de la que depende la economía potosina o asistir –pasiva y agónicamente– al hundimiento del Cerro Rico.

Divididos en tres turnos, al menos 30.000 mineros trabajan día y noche en las entrañas del Cerro Rico. Son socios de las más de 30 cooperativas que arriendan cotas de explotación a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). De ellas, al menos 14 operan aún por encima de la cota 4.400, pese a la prohibición.

 

“Claro que el Cerro Rico de Potosí es patrimonio, sabemos. Aquí todos somos sus hijos; pero ¿qué se puede hacer? Los mineros sin trabajo no viven”, dice Pedro Choque. Tiene 39 años y desde hace 20 perfora la entraña de la montaña. “Es el pan de cada día que llevamos a la casa y nadie quiere empezar de cero”.

 

Frente a él, la bocamina se abre como un abismo oscuro. Por allí se deslizan carros sobre rieles que entran con estruendo y salen cargados de rocas de colores imposibles, restos del cuerpo antiguo de un macizo rico y generoso.

Sumaj Orcko herido

 

Vista en perspectiva, la minería boliviana es una epopeya que comienza y termina en una montaña: el Sumaj Orcko (Cerro lindo). Fue apu sagrado para los pueblos precolombinos y, durante la Colonia, dio tanta plata como vidas se llevó. En la República se volvió símbolo y botín, primero como promesa nacional y luego como propiedad del Estado.

Por su valor histórico, en 1987, el Cerro Rico de Potosí fue declarado Patrimonio Cultural e Histórico de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), título que compromete al Estado boliviano a preservar la estructura, la silueta y el valor universal de la montaña. Pero siglos de extracción minera ininterrumpida han dejado cicatrices profundas. En 2014, la emblemática montaña ingresó a la lista de Patrimonio Mundial en Peligro y allí permanece.

 

“El Cerro está en un estado crítico. La cúspide prácticamente ha desaparecido; lo que fue la Cresta de Gallipato ya no existe y la Cruz Roja se ha hundido”, describe Reina Isabel Menacho, concejala del municipio de Potosí. “Si no se actúa pronto, el sombrero de hierro podría colapsar irreparablemente”, advierte el ingeniero de minas Fredy Llanos López.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la actividad minera representa el 40% del valor total de la economía del departamento de Potosí. Si se suman las actividades vinculadas –transporte, comercio y servicios mineros–, hasta el 70% de la economía regional depende directamente del sector. No es un dato menor: en 2025, Potosí aportó más del 70% de las exportaciones mineras del país. Y en el centro de esa dependencia está el Cerro Rico.

 

148 grietas, dos sanciones

Hay que ascender por un sendero de tierra y saludar a dos “serenos” antes de llegar a la cima del Cerro Rico de Potosí. Desde lo alto, el movimiento constante de maquinaria, vehículos sin placas y mineros parece el de un hormiguero sobre el desierto.

 

En la cúspide, aparece –fea como todas– la primera grieta que ha devorado ya un terreno enorme, similar al de una cancha de futbol. Antes ésta era parte de la cima cónica que hoy se ve desportillada. Si miras hacia abajo, hay un barraco cuya base es incierta.

“El primer hundimiento se produjo en 2010, justo en la cúspide del Cerro, conocido como H1. Fue tan grave que llamó la atención de la UNESCO, que envió una comisión en 2011 y recomendó rellenarlo”, explica el ingeniero Llanos, representante de la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) en la Comisión Técnica de Preservación del Cerro Rico.

 

Son terrenos que él conoce bien. Nacido en Potosí en una familia de mineros, Fredy Llanos exploró desde muy joven el laberinto desordenado que se reconfigura, como un ente vivo, en el Cerro. Desde hace una década, además, allí realiza monitoreos semanales junto a estudiantes y profesionales de ingeniería, geología y medioambiente.

 

El primer intento de estabilización, realizado entre 2012 y 2014 con hormigón aligerado, no prosperó. “Este material era más liviano, pero colapsó porque la Comibol no controló la extracción de óxidos en la base del hundimiento. Los cooperativistas siguieron sacando y el relleno de 12 millones de bolivianos prácticamente desapareció”, puntualiza el ingeniero que nos guía en la inspección a la cúspide

 

En 2015 se realizó un segundo intento, esta vez con relleno en seco y con un presupuesto de 6 millones de bolivianos. Tampoco funcionó. Desde entonces, la Comibol coloca rellenos de emergencia con residuos minero-metalúrgicos llevados desde los ingenios.

 

“La Comibol no se convence de que esos rellenos no sirven. Por el contrario, continúan los hundimientos, ahora hay 148. Llevamos más de 15 años intentando estabilizar el Cerro y no hemos tenido éxito. Y es que todo lo que se pone arriba se desliza debido a que hay decenas de yacimientos que operan abajo; es como un reloj de arena”, ejemplifica Llanos.

Por los múltiples hundimientos en el cerro patrimonial, en 2021, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y la Universidad Autónoma Tomás Frías presentaron una Acción Popular en contra de la Comibol, el ministerio de Minería y el entonces ministerio de Culturas. El caso desembocó en la Sentencia Constitucional 1062/2022 del 19 de agosto de 2022, que ordena a las carteras estatales preservar la gradiente del macizo y obliga a la Comibol a relocalizar las actividades extractivas por encima de la cota 4.400.

 

Ante la evidencia de que los trabajos en la zona vetada continúan, en noviembre pasado, la Sala Constitucional sancionó a dos autoridades de la pasada gestión gubernamental. El entonces ministro de Minería, Alejandro Santos, fue multado con Bs 20.000 y la ahora exministra de Culturas, Esperanza Guevara, con Bs 50.000.

Pero el relleno es un paliativo y las sanciones, una ilusión de justicia. Desde la plaza 10 de Noviembre, la silueta mutilada pasa desapercibida para el visitante distraído. Pero los potosinos saben leer sus señales: nuevas grietas, más derrumbes, cambios en la textura de la cima. “El cerro está cansado”, dice una vendedora de api y mira con pena la cúspide desportillada.

 

Un centenar de muertes en interior mina

 

Reina Isabel Menacho es concejala del municipio de Potosí desde 2021. Durante estos años ha denunciado incansablemente los riesgos que enfrenta el Cerro Rico, la situación precaria de los mineros y las consecuencias ambientales de las actividades extractivas ilegales. Ello le ha valido amenazas e incluso un proceso de su suplente en el Concejo.

 

“Arriba de la cuota 4.400, dentro de la mina, se están haciendo trabajos con martillo y dinamita. Están sacando lo que para nosotros era la franja de seguridad del Cerro, lo que quedaba de mineral oscuro. Ahora solo se ve la basura de los ingenios”, explica desde su oficina de la Alcaldía. “Esta práctica genera riesgos ambientales –recalca– pues los residuos se dispersan por el viento y contaminan pastizales y fuentes de agua cercanas a comunidades”.

A raíz de sus inspecciones, que fueron constantes hasta agosto pasado cuando las amenazas en su contra arreciaron, considera que los rellenos que pone la Comibol no solo no solucionan el problema, sino que aumentan el riesgo de colapso. “Están colocando peso adicional sobre los hundimientos, y esto no es una intervención técnica”. A ello se suma la inacción de autoridades locales y nacionales para que la normativa ambiental se cumpla, alerta.

 

“Quiero ser clara: yo no estoy en contra de la minería, porque es el sostén de la economía potosina, pero necesitamos que se haga de manera sostenible”, recalca la concejala y habla desde su experiencia personal: su padre murió de silicosis y sus hermanos trabajan en minería. Lamenta que la seguridad en las minas haya disminuido. “Antes, los mineros aseguraban los techos con callapos que evitaban derrumbes; hoy, la extracción es más riesgosa y los jóvenes son los más afectados. Ya hemos tenido accidentes”.

 

En 2025, 102 mineros fallecieron en operaciones de cooperativas del Cerro Rico, de acuerdo a los datos de la Comibol regional, tres eran menores de edad. La mayoría de los decesos se produjo por derrumbes e inhalación de gases tóxicos.

 

“Si morimos, morimos”, dice Sergio Quispe, minero de base, con la naturalidad de quien vive siempre “al límite”. Hace un mes, le tocó sacar el cuerpo de un compañero al que los gases le arrebataron la vida.  “Por eso los mineros gastan su dinero rápido: en mujeres, alcohol, en pequeños gustos… cualquier rato nos podemos ir”.

Tiene 33 años y es licenciado en turismo. “Desde 2019 no consigo trabajo formal. Si no subo a la mina, no como, porque de guía la pega es escasa. Así de simple”, cuenta mientras conduce a un grupo de visitantes por los túneles oscuros.

 

Si no fuera por la luz de los guardatojos, aquí todo sería penumbra, no así silencio. El Cerro ruge con el choque de los carros sobre los rieles, el rumor de los motores a diésel que bombean aire y, de rato en rato, los ecos de explosiones que retumban entre la roca.

 

Comibol, en el ojo de la tormenta

 

La Corporación Minera de Bolivia tiene el mandato de impedir la explotación sobre la cota 4.400 para conservar el título patrimonial del Cerro Rico sin afectar la producción que sostiene a miles de familias, pero –de acuerdo a sus propios datos– aún existen 14 minas que operan en esa zona sin contratos vigentes. Mientras intenta frenar estas actividades, coloca rellenos de emergencia en los hundimientos de la cúspide y gestiona la migración de mineros hacia otras vetas.

 

“La empresa estatal está inmersa en acciones de convencimiento permanente para la migración, siempre con diálogo y respeto hacia los comunarios. Mientras tanto, intervenimos la cúspide con rellenos de emergencia que tienen el aval de las siete instituciones del departamento”, explica Iván Fuertes, gerente regional de la estatal Comibol Potosí.

Ingeniero de minas, Fuertes responde en su oficina: “El yacimiento es único en el mundo, rico en plata, en cobre y en todos los minerales que uno pueda imaginar según la tabla periódica. Hoy, por las altas cotizaciones de estos minerales, particularmente la plata, el Cerro sigue siendo muy dinámico en sus operaciones y allí trabajan unas 30.000 personas entre socios y obreros. Pero los derrumbes afectan especialmente la cúspide, donde las primeras minas surgieron hace más de 500 años”.

 

Informa que, pese a sus esfuerzos, 14 minas aún operan por encima de la cota 4.400 sin contratos vigentes. “Son ilegales, aunque históricamente se originaron con las primeras cooperativas. La prioridad es reubicar a estos trabajadores y garantizar que la explotación continúe de manera segura y regulada. Los mineros están predispuestos a migrar, pero algunos comunarios no permiten el acceso a nuevas áreas. Pedimos comprensión y diálogo para avanzar”, recalca.

 

Sobre los cuestionamientos técnicos a los rellenos de emergencia, el gerente regional admite que “no son una solución definitiva”. “Paralelamente, estamos trabajando con expertos en geofísica y geomecánica, buscando proyectos que permitan estabilizar la montaña desde el interior de la mina”. 

 

Su labor será evaluada el próximo mes de enero de 2026, cuando por determinación del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí se realice una inspección in situ para verificar el resultado de las acciones de la Comibol. Para Fuertes, no obstante, ya hay una conclusión:

 

“Preservar el Cerro Rico no es solo tarea de Comibol; es responsabilidad de todos los potosinos. Tenemos que actuar con sentido de pertenencia y conciencia histórica para proteger este patrimonio mientras mantenemos la producción que sostiene a tantas familias”, recalca.

 

Cooperativas: “Migrar sí, pero no a ciegas”

 

“Hay que recalcar que los hundimientos no solo los estamos ocasionando los mineros sino que son consecuencia de 500 años de historia y que el Cerro Rico sigue dando el movimiento económico a nuestro departamento y al país. Por eso pedimos que el Estado sea parte de la preservación y apoye con recursos”, asegura Guido Gutiérrez Isla, secretario de Minería y Medioambiente de la Federación de Cooperativas Mineras (Fecomin) Potosí.

 

Ubicada a una cuadra de la plaza 10 de Noviembre, la sede de la Fecomin es un edificio de tres pisos del que entran y salen mineros inconfundibles por los guardatojos. Desde su oficina, Gutiérrez reafirma la predisposición de su sector a migrar de la cota 4.400, pero enfatiza que debe hacerse con condiciones claras. “Estamos dispuestos a migrar, pero no a ciegas. No se puede abandonar una veta sin tener otra con expectativas mineralógicas reales, contratos y respaldo del Estado”.

El dirigente recalca que la presión para dejar la cota 4.400 no vino acompañada de soluciones concretas. Habla de convenios firmados y no cumplidos, de más de dos décadas sin contratos administrativos menores y de propuestas de relocalización inviables. “Nos han ofrecido áreas que no sirven para minería. Así no se puede hablar de migración”.

 

Gutiérrez reconoce la fragilidad de la cima y el riesgo de los hundimientos, pero cuestiona que la responsabilidad recaiga solo sobre los cooperativistas. “El Cerro fue declarado Patrimonio de la Humanidad cuando estaba en plena operación minera. Esa contradicción hoy la pagamos nosotros, sin que el Estado asuma su parte ni en la preservación ni en la transición”.

 

La disyuntiva, para las cooperativas, sigue abierta: dejar el cerro sin alternativas es, dicen, condenar a miles de familias. Migrar, repiten, es posible; pero no sin un plan.

Una luz para “sanar” al Cerro

 

Si en algo coinciden todos los potosinos es en la necesidad de preservar al Cerro Rico sin que ello sea incompatible con la actividad minera regulada. Para Edwin Roque Careaga, experto en minería, un paso clave es ajustar la Ley para recuperar el verdadero espíritu del cooperativismo.

 

“Hay socios que funcionan como accionistas y contratan a terceros para trabajar en las minas, sin respetar normas de seguridad ni planificación. Urge revisar la Ley minera para que cumplan con los principios del cooperativismo: sin lucro, con seguridad y responsabilidad social. Es hora de encauzar a las cooperativas hacia su propósito original y darle al Cerro el futuro que merece”, resume Careaga.

Desde el plano técnico, el ingeniero Fredy Llanos, de la Universidad Tomás Frías, propone una alternativa concreta: construir galerías internas en la base de los hundimientos para sostener la cúspide y, al mismo tiempo, ofrecer zonas seguras a los cooperativistas en niveles inferiores, donde puedan continuar trabajando sin poner en riesgo el patrimonio. “Sería un trabajo de ingeniería desde el corazón mismo de la montaña, acompañado de desagües para liberar el agua acumulada en los niveles más profundos”.

 

El proyecto tiene un presupuesto inicial de 24,3 millones de bolivianos ($us 3,5 millones) y apunta a preservar el símbolo histórico de Potosí mientras se mantiene viva la actividad minera. “Si no actuamos ahora, el sombrero de hierro colapsará y no habrá manera de reconstruirlo. Pero si logramos esta estabilización interna, podremos asegurar siglos más de historia y trabajo”, advierte Llanos.

La propuesta combina técnica, patrimonio y vida cotidiana: la montaña sigue dando, pero reclama que todos –cooperativas, Comibol, autoridades y sociedad– asuman su parte para no perder lo que Potosí ha tardado cinco siglos en construir.

 

Patrimonio “de todos”

 

Hace dos semanas, una comisión del Viceministerio de Culturas, encabezada por el viceministro Andrés Zaratti, realizó una inspección al Cerro Rico y sostuvo reuniones con las partes involucradas en su preservación. En la ocasión, Zaratti explicó que se requiere una “acción coordinada”, ya que el problema conlleva dificultades socioeconómicas, controles operativos y otras propuestas, y remarcó que se trata de “un trabajo de mediano plazo, pero sobre todo interinstitucional”. Recalcó que el objetivo es cuidar “el Cerro, a los mineros y su seguridad”, por lo que se planifican acciones conjuntas dentro de un “plan maestro de manejo integral, no solo del Cerro sino también de la ciudad de Potosí”, destacando que esta coordinación “no ha habido antes” y que la visita demuestra una predisposición al trabajo conjunto.

Cargados de callapos, dinamita, herramientas y coca, los mineros entran al Cerro Rico justo cuando la noche cae y comienza el último turno de trabajo. Entre ellos, aunque pocas, hay mujeres que han atado sus trenzas dentro del guardatojo y cambiado las polleras por pantalones y botas, listas para enfrentar el mismo riesgo que los hombres. Todos entran con respeto a la veta generosa que todavía sostiene a la ciudad mientras se deteriora.

 

Sergio ha dejado su rol de guía para tomar el martillo. Se despide, ajusta el guardatojo y mira hacia la bocamina. “Abandonados estamos, ¿no? Ojalá que los hijos de Potosí no tengan que preguntarse algún día: ‘¿Qué pasó con el Cerro Rico?”, dice antes de internarse en el abismo oscuro.