PETROBRAS
TARIJA, BOLIVIA (ANB / Correo Del Sur).- Medida cautelar responde a una acción de la Defensoría del Pueblo para resguardar derechos de la naturaleza.
El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos dispuso la paralización temporal del proyecto de perforación exploratoria Domo Oso X-3, tras admitir una acción presentada por la Defensoría del Pueblo en defensa del área vinculada a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
La resolución judicial establece una pausa obligatoria de 30 días calendario en las operaciones del Bloque Exploratorio San Telmo Norte. Durante este plazo, las instituciones demandadas deberán remitir informes técnicos y argumentos legales ante la autoridad jurisdiccional, con el objetivo de evaluar los impactos del proyecto.
El
Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, valoró la determinación como un paso
fundamental para precautelar los derechos ambientales. “Reafirmamos nuestro
compromiso con la protección del medio ambiente y el debido proceso; defender
la vida nunca será un delito”, expresó la autoridad, al destacar el carácter
preventivo de la medida.
Como
parte del proceso, la justicia ordenó la inclusión formal de la empresa
PETROBRAS S.A. como sujeto procesal necesario, con el fin de que participe
junto a los ministerios del sector en la evaluación integral de los riesgos
socioambientales.
Para
constatar la situación en el terreno, el juez Clever Marcelo Osorio convocó a
una inspección técnica el 9 de febrero de 2026 en el Cantón Chiquiaca, donde
peritos y partes involucradas verificarán directamente el estado del área de
intervención.
Asimismo,
se programó una audiencia pública para el viernes 13 de febrero en la Casa de
Justicia de Entre Ríos, espacio en el que terceros interesados y amigos de la
corte podrán presentar observaciones legales y técnicas sobre la viabilidad del
proyecto.
El
Ministerio de Hidrocarburos y YPFB cuentan con un plazo de diez días hábiles
para entregar la documentación requerida, información clave para definir si la
suspensión se mantiene de forma definitiva o sufre modificaciones.
Finalmente,
el juzgado solicitó identificar a defensores ambientales para evaluar posibles
medidas de protección específicas. El proceso continúa bajo la vigilancia de
organizaciones sociales que demandan transparencia en la gestión de los
recursos naturales.
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