LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El presidente de la Comisión de Organización Territorial
del Estado y Autonomías, Víctor Gutiérrez, recomendó que se inicie un proceso
penal contra el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, por el delito de
incumplimiento de deberes, tomando en cuenta que no asistió a las convocatorias
de esa instancia legislativa para que presente un informe oral sobre el manejo
económico de su despacho.
"Es la tercera vez consecutiva que el
Gobernador de Santa Cruz no comparece ante un citatorio que emite la comisión a
través de un informe oral solicitado por el diputado Edgar Montaño. Rubén
Costas ha mandado una nota justificando su inasistencia donde señala que es
competencia de los asambleístas departamentales fiscalizar su gestión",
explicó.
El legislador informó que Costas fue
convocado por esa comisión en tres oportunidades, para que presente un informe
oral sobre presuntos manejos irregulares en la Gobernación de Santa Cruz,
convocatorias a la que no asistió argumentando que sólo debe rendir cuentas
ante la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz.
Gutiérrez afirmó que la Constitución
Política del Estado establece, en su Artículo 158, que es facultad de la
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) controlar y fiscalizar a todas las
entidades territoriales y autónomas del Estado, en tanto que la Ley de
Autonomías, señala que esas entidades, a través de sus autoridades, tienen la
obligatoriedad de responder a cualquier petición de informe oral o escrito.
Explicó que por esa razón la comisión
emitió un informe "recomendando" al pleno de la Cámara procese por la
vía penal al gobernador Costas por haber incumplido con el deber de presentarse
y rendir un informe oral sobre lo requerido por los diputados.
Gutiérrez recordó que el gobernador Costas
fue convocado por dicha Comisión para que explique la aplicación de la
"Fórmula 50-40-10", por la que la Gobernación cruceña distribuye las
regalías del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); 50% para los
municipios productores, 40% para los municipios no productores y 10% para los
pueblos indígenas.
El legislador aclaró que la petición de
informe fue a raíz de una denuncia que establecía que la distribución de las
regalías se realizaba luego de pagar alquileres de oficinas, mantenimiento de
vehículos y pago a los funcionarios públicos de la Gobernación cruceña, lo que
provocó que las regiones y municipios no reciban nada, incluso por tres
gestiones en algunos casos.
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