LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor
Borda, informó el viernes que a partir de las 17h00, la Comisión Mixta de
Fiscalización de los Contratos entre el Estado y CAMC entrevistará a la
exgerente comercial de esa empresa, Gabriela Zapata, en el penal de Miraflores,
quien deberá responder 24 preguntas, dos por cada legislador que integra la
comisión.
"Estamos yendo a un centro de máxima
seguridad, a las 5 de la tarde, somos alrededor de 12 diputados, 12 diputados
con derecho a dos preguntas, 24 preguntas a una sola persona", dijo.
Borda aclaró que la determinación de efectuar
dos preguntas por cada legislador busca "garantizar que (Zapata) no tenga
una coacción o presión psicológica" al momento de emitir sus respuestas.
Por su parte, el senador de Unidad
Demócrata (UD), Oscar Ortiz, expresó su desacuerdo en limitar el número de
preguntas, pues cada asambleísta debería efectuar las consultas que considere
pertinente.
"Rechazamos absolutamente cualquier
límite a las preguntas, a un senador, a un diputado nadie le puede decir
cuántas preguntas va a hacer, ni qué pregunta va hacer, no puede haber ninguna
limitante, cada senador o diputado debe tener pena libertad para hacer las
preguntas que considere pertinente", sostuvo.
El senador del MAS, Rubén Medinaceli,
aclaró que la entrevista es una sesión pública y afirmó que incluso los medios
de comunicación pueden estar presentes previo a un trámite para ingresar al
penal.
"Todo el que quiera ingresar, en este
caso a la cárcel de Miraflores, debe hacer el trámite correspondiente, será
bueno que la prensa que esté interesada en este tema lo haga. Si un medio de
prensa está autorizado para entrar, lo va a hacer, cada medio puede hacer el
trámite por su lado", subrayó.
A principios de febrero, el periodista y
exagente de inteligencia, Carlos Valverde, denunció un supuesto tráfico de
influencias de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, que fue
nombrada gerente comercial de la empresa CAMC, compañía que firmó contratos
millonarios con el Estado.
A contramano, el Jefe de Estado negó la
acusación y pidió una investigación de la Contraloría General del Estado y de
una comisión mixta y multipartidaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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