COMISIÓN DE DIPUTADOS RECOMIENDA INICIAR PROCESO PENAL CONTRA GOBERNADOR RUBÉN COSTAS

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El presidente de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, Víctor Gutiérrez, recomendó que se inicie un proceso penal contra el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, por el delito de incumplimiento de deberes, tomando en cuenta que no asistió a las convocatorias de esa instancia legislativa para que presente un informe oral sobre el manejo económico de su despacho.

    "Es la tercera vez consecutiva que el Gobernador de Santa Cruz no comparece ante un citatorio que emite la comisión a través de un informe oral solicitado por el diputado Edgar Montaño. Rubén Costas ha mandado una nota justificando su inasistencia donde señala que es competencia de los asambleístas departamentales fiscalizar su gestión", explicó.

    El legislador informó que Costas fue convocado por esa comisión en tres oportunidades, para que presente un informe oral sobre presuntos manejos irregulares en la Gobernación de Santa Cruz, convocatorias a la que no asistió argumentando que sólo debe rendir cuentas ante la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz.

    Gutiérrez afirmó que la Constitución Política del Estado establece, en su Artículo 158, que es facultad de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) controlar y fiscalizar a todas las entidades territoriales y autónomas del Estado, en tanto que la Ley de Autonomías, señala que esas entidades, a través de sus autoridades, tienen la obligatoriedad de responder a cualquier petición de informe oral o escrito.

    Explicó que por esa razón la comisión emitió un informe "recomendando" al pleno de la Cámara procese por la vía penal al gobernador Costas por haber incumplido con el deber de presentarse y rendir un informe oral sobre lo requerido por los diputados.

    Gutiérrez recordó que el gobernador Costas fue convocado por dicha Comisión para que explique la aplicación de la "Fórmula 50-40-10", por la que la Gobernación cruceña distribuye las regalías del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); 50% para los municipios productores, 40% para los municipios no productores y 10% para los pueblos indígenas.

    El legislador aclaró que la petición de informe fue a raíz de una denuncia que establecía que la distribución de las regalías se realizaba luego de pagar alquileres de oficinas, mantenimiento de vehículos y pago a los funcionarios públicos de la Gobernación cruceña, lo que provocó que las regiones y municipios no reciban nada, incluso por tres gestiones en algunos casos.