LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El vicepresidente Alvaro García Linera pidió el viernes
a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en su calidad de presidente
nato, la conformación de una comisión que investigue, al detalle, la 'rifa' de
empresas públicas entre 1990 y 1993 y que señale las sanciones legales, si
correspondieran, para ex autoridades que pignoraron el patrimonio estatal,
entre las que mencionó al empresario Samuel Doria Medina.
'Como Asamblea, una resolución
que conforme una comisión de 3, de 4 compañeros que haga lo que Juan Ramón (Quintana,
durante un acto de interpelación en la ALP) ha hecho, multiplicado por 10, con
detalles, que se investigue qué pasó, cómo fue que se privatizó el año 90, 91,
92, cómo se destruyó el Estado; a cambio de qué favores personales, a cambio de
qué riquezas personales se entregó la Patria', afirmó ante el pleno del
Legislativo boliviano en La Paz.
García Linera fundó su pedido en
lo consagrado por el artículo 112 de la Constitución que prescribe proceso a
los delitos que atañen el Estado.
Al cabo de la interpelación al
ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por los recursos que empleó
hasta ahora en más de un lustro el programa insignia de las políticas del
presidente Evo Morales, Bolivia cambia, Evo cumple, García Linera, que tachó de
'Melgarejos del siglo XX' a los impulsores del proceso privatizador de empresas
públicas en la última década del siglo XX, apuntó a Doria Medina que a
principios de los '90 supo ser Ministro de Planificación y galvanizó la
privatización de empresas del Estado.
Alto funcionario del gobierno
socialdemócrata del ex presidente Jaime Paz, entre 1989 y 1993, Doria Medina
cerró los asistencialistas bancos Minero, Agropecuario y del Estado y en
declaraciones registradas por la prensa local de la época se comprometió a
privatizar 'una empresa por semana'.
En base de las denuncias que
planteó Quintana contra Doria Medina, por las actuaciones públicas de éste, a
principios de los '90, tristemente célebres por despidos en el aparato estatal
y por la aplicación de medidas de Ajuste Estructural, recomendadas por el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial, García Linera dijo que el
empresario, ahora líder de la opositora Unidad Nacional, debería ser
investigado.
'Informar al pueblo con detalle y
si es posible establezcamos las vías de sanción para estos vende patrias que
tanto mal le han hecho a la Patria (..) Este señor Doria Medina no puede quedar
impune, no tiene derecho de matar la Patria, de destruirla, pisotearla y
destruirla y caminar la calle como un dandy, disfrutando de una plata,
seguramente la investigación dirá, mal habida', afirmó en medio de una salva de
aplausos del plenario legislativo.
Entre 1993 y 2002, Bolivia,
sumida en aguas de un secante modelo de libre mercado, transfirió al capital
privado, principalmente transnacional, la mayor parte de sus empresas públicas,
inclusive las estratégicas tales como Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos, la Empresa Nacional de Energía y, entre otras, la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones.
Entre 2006 y 2009, la mayor de
las empresas vendidas a privados fueron revocadas a la tuición del Estado.
García Linera comparó a los
funcionarios privatistas del pasado reciente con el expresidente decimonónico
de Bolivia, Mariano Melgarejo, que la historiografía nacional deplora, incluso
con oprobio, por haber cedido a cambio de obsequios territorios de Bolivia,
como si se tratara de su propio feudo.
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