EDUCADORES SERÁN SANCIONADOS SÓLO DESPUÉS QUE POLICÍA INVESTIGUE Y FISCALÍA IMPUTE

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El ministro de Educación, Roberto Aguilar, precisó el miércoles que el Decreto Supremo 1302, de Erradicación de la Violencia en las Escuelas, para la protección a niños y adolescentes en edad escolar, de violaciones, abusos y maltratos en los establecimientos educativos de Bolivia, sancionará a los victimarios sólo después de que la Policía haya colectado pruebas y el Ministerio Público los haya imputado.

    "Si hay elementos de prueba, el fiscal los imputa y ahí viene la suspensión" sin goce de haberes en el caso de los educadores denunciados por acoso, agresión física o vejación sexual, dijo el Ministro entrevistado por el magazine televisivo 'Anoticiando', que difunde la Red ATB.

    Aguilar que se explayó con ejemplos de casos reales registrados en el último tiempo, explicó que la suspensión de un educador denunciado de acoso o violencia sexual, no funcionara a "simple denuncia".

    "Tiene el fiscal que evaluar las pruebas y la Policía indagar", enfatizó.

    Entre 8 y 9 niños y niñas de un grupo de 10 son víctimas de algún tipo de violencia en el país, según un reporte del Ministerio de Educación basado en recientes estudios.

    Se trata, dijo Aguilar, de "prevenir las formas de violencia incorporadas en el proceso educativo" boliviano.

    El dignatario se dijo de acuerdo, al influjo del decreto 1302, de asumir una posición drástica para frenar la escalada de violencia contra los educandos, principalmente niñas y adolescentes, paradójicamente, por sus educadores.

    Aguilar narró el caso patético de un director de unidad educativa fiscal, cuyos nombres no precisó, que a la primera denuncia de acoso, en una suerte de protección solapada, fue removido a otro establecimiento, donde también incurrió en la figura de acoso sexual.

    El sistema canalizó, a este director, otra válvula de escape y, paradójicamente fue transferido a la dirección de un tercer establecimiento, donde sí violó a una estudiante, deploró Aguilar al justificar la vigencia del decreto 1302, promulgado la semana pasada por el presidente Evo Morales.

    Describió también el caso de un director de Educación, cuyo nombre también se abstuvo de citar, que ante toda convención, pedía las pruebas forenses a los padres de un educando sujeto de violencia, maltrato o violación.

    Aguilar xplicó que la norma entraña tres líneas maestras que facultan al Ministerio de Educación tulelar la lucha contra la violencia física, sicológica o sexual en los establecimientos educativos; a oficiar de denunciante y querellante en procesos identificados y, por último, "ante la situación de violencia sexual se asume la decisión de suspender al maestro".

    Es decir, "el Ministerio lo denuncia y le sigue la acción?" en los tribunales de justicia, de oficio, afirmó.

    Lejos de ser leonino, el Decreto también establece que si la investigación, por la Policía, del caso denunciado, no hallara elementos de prueba o convicción, el educador encauzado será, en virtud de sus derechos reconocidos por la carta constitucional vigente, exculpado, como corresponde, y le serán restaurados sus privilegios salariales, en caso de probarse su inocencia.

    El estudio esgrimido por el Ministerio de Educación se detalla que los lugares más peligrosos para la integridad de los niños y niñas son el hogar, la escuela y la calle, y la violencia física, psicológica y sexual las más constantes.

    "El 10% de los niños y niñas en Bolivia son víctimas de agresiones sexuales", según el informe de Violencia contra la Niñez en Bolivia.

    En el reporte se explica que el abuso sexual tiene dimensiones que van desde los comentarios, miradas, actitudes libidinosas, "hasta su expresión más perversa", que es la violación, donde la población más vulnerable son los niños, niñas y adolescentes, quienes son afectados físicamente, psicológica y emocionalmente, "ocasionando el fracaso escolar y problemas de inadaptación.