AFIRMAN QUE LA LICENCIA AMBIENTAL ES SÓLO UN FORMALISMO EN LA MINERÍA

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El experto en temas sociológicos mineros, Emilo Madrid, señaló que la obtención de licencia ambiental como requisito para el inicio de operaciones mineras es sólo un formalismo que no garantiza en ningún modo la protección y cuidado del medio ambiente.

“Para la otorgación de la licencia ambiental se necesita que una consultora privada haga el informe; no lo realiza el Estado, no lo realiza la población interesada, lo realiza de acuerdo a ley consultoras privadas que entran en una relación contractual con el operador minero, que es el que paga por el servicio, y ninguna consultora ambiental ofrece un trabajo que sea rechazado”, señaló Madrid.

Agregó que esta situación se reafirma porque el informe ambiental se presenta bajo una declaración jurada, “que da fe que todo lo que está registrado ahí es cierto”; entonces, “a la autoridad no le queda otra que creer”.

Explicó que esta realidad se agrava porque el Estado no tiene la capacidad ni los instrumentos suficientes para realizar un “análisis crítico en profundidad del informe y monitoreo del lugar”. “Eso queda ahí y se archiva, al final la licencia ambiental es sólo un formalismo”, aseveró.

Realidad dramática

El investigador afirmó que, en general, la calidad de los informes son insuficientes y quien lo supervisa directamente es el operador que contrata el servicio; además, el monitoreo es realizado por las mismas consultoras y hasta el momento “no se conoce que un monitoreo de un informe negativo”.

“En todos los monitoreos realizados dice que se está cumpliendo con los límites permisibles de contaminación, pero no hay controles cruzados, es decir el control sólo lo realiza a la empresa”, apuntó.

Un ejemplo visible es la empresa minera Sinchi Wayra, que realiza sus propios monitoreos ambientales y reporta al Ministerio de Minería. “Ellos hacen los controles, las mediciones y ellos reportan”.

En las únicas salvedades en que hay mayor esfuerzo por hacer el control, tanto del operador como de la autoridad, es “cuando se activan conflictos donde la población es la que exige y presiona para que se realicen”.

Incapacidad del Estado

Existe una incapacidad del Estado en términos cualitativos y cuantitativos para realizar los controles, porque el personal que está asignado es mínimo. 

“Hasta 2008, y esta realidad no ha cambiado mucho, habían cinco personas para hacer el control ambiental de todas las operaciones mineras del país, y estamos hablando de operaciones de cooperativas, de la minería mediana y privada, que llegan casi a dos mil”.

Otro factor que interfiere en el “buen desempeño” de los controladores es que el personal no es designado por experticia profesional. “Son más por elecciones políticas o técnicas, pues basta que tengan una mención  en minería entran por favoritismo o por cupos de sus socios políticos”, puntualizó.

La Paz, 15 julio 2012 – L.F.C./