LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El presidente de la Cámara Nacional de Minería
(Canalmin), Saturnino Ramos, sostuvo este sábado que el Gobierno carece de
capacidad de imponer un estado de derecho y garantías que permitan desarrollar
las actividades mineras privadas.
Refirió que desde el 2004 a la fecha se dieron cerca de 200
avasallamientos, la mayor parte de los avasallamientos se produjeron en el
gobierno del presidente Evo Morales que demostró una “debilidad” frente a las
comunidades.
“Ahora hay más avasallamientos porque más poder tiene el comunario y el
campesino que el Gobierno; el Ejecutivo no tiene capacidad, no tiene opción de
imponer el estado derecho, ya no tiene principio de autoridad y esto se vio
claramente en Mallku Q’ota”, afirmó Ramos.
Señaló que la toma de predios a la minería chica hasta la fecha suma a más
de 100 operaciones de parte de comunidades originarias, aclaró que los avasallamientos
también se dan por parte del sector cooperativista minero, que gozan del
privilegio del actual gobierno.
“Las cooperativas también avasallan como el caso de Colquiri, son cosas que
hacen mutuamente con los comunarios, se disputan las vetas porque tienen el
respaldo del gobierno que les da cobertura”, apuntó.
Vladimir Díaz, investigador del Centro de Documentación e Información de
Bolivia (CEDIB), manifestó que fruto de estos hechos se dieron dos
reversiones en el actual Gobierno, Huanuni y Colquiri, y la futura
nacionalización del mega yacimiento de Mallku Q’ota.
Explicó que más que las reversiones, el gobierno otorgó concesiones de
nuevas áreas de trabajo a las cooperativas mineras, que hasta el momento cuentan
con más de 300 mil hectáreas asignadas.
“Desde el 2008 al 2012 que se modificó el sistema jurídico por el cual se
entregaron derechos mineros, se entregaron más de 300 mil hectáreas y más de la
mitad de esta cantidad se entregó a sectores cooperativistas”, sostuvo.
La Paz, 21 julio 2012 – L.F.C./J.C./
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