DOCUMENTO DE 222 PÁGINAS
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe sobre la situación en Bolivia, donde destaca los avances en temas como género e inclusión social, pero advierte las amenazas a la cohesión social por la polarización acentuada por el conflicto de 2019 y sus narrativas, además de la desconfianza en una Justicia cuya reforma es urgente.
El informe de 222 páginas se
denomina Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en
Bolivia.
El texto alerta que “la narrativa
derivada de la crisis electoral de 2019 continúa representando amenazas serias
a la cohesión del tejido social”
En 2019, la crisis poselectoral
generó una división entre quienes consideran que hubo un “golpe de Estado” y
quienes afirman que existió un “fraude electoral”. Actualmente ambas narrativas
siguen en discusión.
Según la CIDH, esa discusión
“entre quienes consideran que existió un fraude y quienes consideran que
existió un golpe de Estado es la causa más visible de la polarización política,
que ha llevado a un distanciamiento afectivo entre sectores significativos de
la población”.
Sin embargo, el organismo expresó
esperanza de que esa tendencia hacia la
polarización es reversible, mediante acciones concretas dirigidas del nivel más
alto del Estado y con la participación de las autoridades de distintos niveles
y todos los sectores de la diversa sociedad.
Sugirió que se implemente una
mesa de diálogo con alcance nacional y funcionamiento periódico entre los
distintos sectores de la sociedad para promover visiones conjuntas; evitar el
ahondamiento de la polarización; prevenir la violencia y la discriminación
étnico-racial; y contribuir a la gobernabilidad democrática.
Transformar la Justicia
La CIDH consideró que el Estado
no puede demorar en las transformaciones estructurales en el sistema de
justicia en Bolivia.
“La población boliviana, en toda
su diversidad, desconfía profundamente del órgano judicial”, dice el texto.
Advirtió que el sistema penal es
percibido como “una herramienta al servicio de intereses políticos,
independientemente del partido o movimiento político que se encuentre
ejerciendo el poder de turno”.
La Comisión destacó que hay un
incipiente consenso entre distintas fuerzas políticas y sociales sobre la
necesidad de una reforma al sistema de justicia. Pidió aprovechar esta
oportunidad y los momentos históricos que vive el país para impulsar reformas
judiciales.
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