PRESIDENTE DEL TSJ ADVIERTE DE UN PERJUICIO ‘INCALCULABLE’ SI LA ASAMBLEA CESA A LOS MAGISTRADOS PRORROGADOS

EXPLICA CANTIDAD DE CASOS

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Mientras en la Asamblea Legislativa está pendiente tratar leyes para cesar a los magistrados prorrogados en sus cargos, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marcos Jaimes, advirtió de las consecuencias que esa decisión conllevaría en perjuicio de los litigantes.

 

“Realmente el perjuicio es incalculable”, dijo Jaimes consultado de qué pasaría si se procede con cesarlos en sus cargos. Mencionó que se perjudicaría a ciudadanos que esperan una respuesta oportuna de la justicia.

 

“Están esperando que una resolución de una sentencia condenatoria dictada en algún tribunal quede finalmente ejecutoriada, estamos hablando de personas que están esperando la devolución de algún pago de dinero o también la devolución de algún inmueble, por lo tanto queremos asegurar que lo primordial es resguardar los derechos y garantías de esas personas que se verían seriamente afectadas reitero por los efectos multiplicadores que tendría aquella posibilidad”, señaló Jaimes.

 

En la Asamblea, los legisladores “evistas” y opositores exigen que se traten los proyectos de Ley 073 y 075, las cuales cesarían en sus cargos a los magistrados prorrogados y suspenderían plazos procesales mientras se realizan elecciones judiciales.

 

Según Jaimes, durante los días hábiles de este 2024, el TSJ ha recibido 638 causas. Estimó, además, que hasta el mes de septiembre cuando se realizarían las elecciones judiciales, ingresarían más de cuatro mil al máximo Tribunal de Justicia.

 

Señaló que estos datos son una muestra  concreta de la afectación que podría existir en caso de desconocerse la continuidad de los magistrados.

 

Los actuales magistrados debieron fenecer su gestión el 31 de diciembre de 2023, pero determinaron prorrogar su mandato mientras se realice la elección judicial para que no haya vacío de poder. Los “evistas” y opositores consideran que las autoridades judiciales actúan en coordinación con el Gobierno para beneficiarse mutuamente.