74 ANIVERSARIO DE LOS DDHH
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Unas treinta organizaciones de la sociedad civil de Bolivia presentaron al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe de evaluación de medio término a las recomendaciones del Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal en materia de medioambiente, pueblos indígenas y defensores de derechos.
En el marco de la conmemoración
del 74º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estas
organizaciones que, agrupa a activistas de derechos humanos, colectivos de
activistas y defensores ambientales, informaron sobre la situación en esas tres
áreas.
MEDIO AMBIENTE
En materia de medioambiente, el
informe indica que existe una “evidente continuación irregular e ilegal de
actividades extractivas que dañan el ambiente y tienen consecuencias muy graves
para los derechos humanos”.
Puntualizan el avance de la
deforestación por incendios vinculados a la ampliación de la frontera agrícola
y el acaparamiento y especulación de tierras; denuncia los avasallamientos y
conflictos por tierras en el Oriente boliviano, en cuyas causas está la
destrucción de instituciones públicas de regulación.
Reportan la expansión de la
minería, particularmente aurífera en la región amazónica y de otros metales en
el occidente boliviano; asimismo la ampliación de la frontera hidrocarburífera,
principalmente hacia la Amazonía y las áreas protegidas.
El informe destaca también que,
en todas estas acciones regresivas en cuanto a derechos sobre el medio
ambiente, “un hecho transversal, es la falta de acceso a información pública
sobre estas problemáticas”.
DERECHOS INDÍGENAS
En relación a los derechos
indígenas, informan que en los últimos años “las poblaciones indígenas en
Bolivia continuaron sufriendo constantes vulneraciones a sus derechos humanos”
y que el Estado continúa aplicando y aprobando normativas para ejecutar
proyectos extractivos dentro de los territorios indígenas.
Cita el Decreto Supremo N°4667 de
febrero de 2022 que dispone el incremento del número de Áreas Reservadas a
favor de la empresa estatal YPFB.
Entre varios casos citados, el
informe señala los casos de graves afectaciones a los pueblos indígenas
amazónicos (Esse Ejja, Leco, Uchupiamonas, Tacana, Tsimane y Mosetenes) por la
contaminación de sus ríos por mercurio y las consecuencias para su vida, su
alimentación, salud e integridad personal.
Informan sobre la situación de
los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial es de alto
riesgo para sus territorios y para su existencia como pueblos, pues se verifica
“una flagrante falta de acción por parte del Estado para resguardar sus
derechos humanos. Los Toromonas, Esse Ejjas, Araona, Chacobo, Pacahuara y
Ayoreo, son los más afectados por incendios, invasión de sus territorios y
actividades hidrocarburíferas y mineras”.
SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES DE
DDHH
Avisan también “un incremento en
los ataques contra defensores de derechos humanos, no solo en relación a la
cantidad, sino también, a la intensidad y al uso de la violencia”.
Asimismo, indican que pese a las
recomendaciones del Tercer Ciclo EPU, el Estado boliviano no ha promovido
iniciativas legislativas para garantizar y proteger los derechos de las y los
defensores de derechos humanos.
Si bien existe un avance con la
firma y ratificación del Acuerdo de Escazú “el Estado ha demostrado una
posición cuestionable para la implementación correcta del Acuerdo”. Al
respecto, el informe rememora la posición que llevó la delegación del Estado
boliviana al COP 1 de Escazú, proponiendo una medida regresiva para la
participación de la sociedad civil en el desarrollo del Acuerdo.
Asimismo, recuerdan que el Estado
no ha retirado normativas que restringen el espacio cívico y la acción de los
defensores de derechos humanos. En este
punto cita la persistencia de la ley 351 de Personerías Jurídicas y la Ley de
Minería y Metalurgia N°535, con sus artículos que restringen e incluso abren
posibilidades a la criminalización a defensores ambientales.
En un balance final de 10
recomendaciones, concluyen que ninguna ha sido cumplida hasta ahora por el
Estado boliviano; 2 recomendaciones (Recomendación Nº 115.20 de Austria sobre
el Acuerdo de Escazú y la Nº 115.69 de España sobre la protección a defensores
de derechos) estarían siendo parcialmente aplicadas y las restantes 8 no se
estarían cumpliendo. Entre estas 8 incumplidas se cuentan: 2 sobre
medioambiente; 4 sobre Pueblos Indígenas y 5 sobre Defensores Ambientales.
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