ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL REPORTAN LA SITUACIÓN DE LA MINERÍA Y MEDIOAMBIENTE

74 ANIVERSARIO DE LOS DDHH

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Unas treinta organizaciones de la sociedad civil de Bolivia presentaron al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe de evaluación de medio término a las recomendaciones del Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal en materia de medioambiente, pueblos indígenas y defensores de derechos.

 

En el marco de la conmemoración del 74º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estas organizaciones que, agrupa a activistas de derechos humanos, colectivos de activistas y defensores ambientales, informaron sobre la situación en esas tres áreas.

 

MEDIO AMBIENTE

 

En materia de medioambiente, el informe indica que existe una “evidente continuación irregular e ilegal de actividades extractivas que dañan el ambiente y tienen consecuencias muy graves para los derechos humanos”.

 

Puntualizan el avance de la deforestación por incendios vinculados a la ampliación de la frontera agrícola y el acaparamiento y especulación de tierras; denuncia los avasallamientos y conflictos por tierras en el Oriente boliviano, en cuyas causas está la destrucción de instituciones públicas de regulación.

 

Reportan la expansión de la minería, particularmente aurífera en la región amazónica y de otros metales en el occidente boliviano; asimismo la ampliación de la frontera hidrocarburífera, principalmente hacia la Amazonía y las áreas protegidas.

 

El informe destaca también que, en todas estas acciones regresivas en cuanto a derechos sobre el medio ambiente, “un hecho transversal, es la falta de acceso a información pública sobre estas problemáticas”.

 

DERECHOS INDÍGENAS

 

En relación a los derechos indígenas, informan que en los últimos años “las poblaciones indígenas en Bolivia continuaron sufriendo constantes vulneraciones a sus derechos humanos” y que el Estado continúa aplicando y aprobando normativas para ejecutar proyectos extractivos dentro de los territorios indígenas.

 

Cita el Decreto Supremo N°4667 de febrero de 2022 que dispone el incremento del número de Áreas Reservadas a favor de la empresa estatal YPFB.

 

Entre varios casos citados, el informe señala los casos de graves afectaciones a los pueblos indígenas amazónicos (Esse Ejja, Leco, Uchupiamonas, Tacana, Tsimane y Mosetenes) por la contaminación de sus ríos por mercurio y las consecuencias para su vida, su alimentación, salud e integridad personal.

 

Informan sobre la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial es de alto riesgo para sus territorios y para su existencia como pueblos, pues se verifica “una flagrante falta de acción por parte del Estado para resguardar sus derechos humanos. Los Toromonas, Esse Ejjas, Araona, Chacobo, Pacahuara y Ayoreo, son los más afectados por incendios, invasión de sus territorios y actividades hidrocarburíferas y mineras”.

 

SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES DE DDHH

 

Avisan también “un incremento en los ataques contra defensores de derechos humanos, no solo en relación a la cantidad, sino también, a la intensidad y al uso de la violencia”.

 

Asimismo, indican que pese a las recomendaciones del Tercer Ciclo EPU, el Estado boliviano no ha promovido iniciativas legislativas para garantizar y proteger los derechos de las y los defensores de derechos humanos.

 

Si bien existe un avance con la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú “el Estado ha demostrado una posición cuestionable para la implementación correcta del Acuerdo”. Al respecto, el informe rememora la posición que llevó la delegación del Estado boliviana al COP 1 de Escazú, proponiendo una medida regresiva para la participación de la sociedad civil en el desarrollo del Acuerdo.

 

Asimismo, recuerdan que el Estado no ha retirado normativas que restringen el espacio cívico y la acción de los defensores de derechos humanos.  En este punto cita la persistencia de la ley 351 de Personerías Jurídicas y la Ley de Minería y Metalurgia N°535, con sus artículos que restringen e incluso abren posibilidades a la criminalización a defensores ambientales.

 

En un balance final de 10 recomendaciones, concluyen que ninguna ha sido cumplida hasta ahora por el Estado boliviano; 2 recomendaciones (Recomendación Nº 115.20 de Austria sobre el Acuerdo de Escazú y la Nº 115.69 de España sobre la protección a defensores de derechos) estarían siendo parcialmente aplicadas y las restantes 8 no se estarían cumpliendo. Entre estas 8 incumplidas se cuentan: 2 sobre medioambiente; 4 sobre Pueblos Indígenas y 5 sobre Defensores Ambientales.