CENSO EN 2024 OBLIGA A IR A ELECCIÓN NACIONAL CON DATOS “DESFASADOS”

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LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Los Tiempos).- Si la decisión de llevar adelante el Censo de Población y Vivienda en 2024 se mantiene, el proceso electoral nacional de 2025 sería la cuarta votación después de los comicios de 2014, 2019 y 2020 que se realizaría con los datos del censo de 2012 y con la misma distribución de escaños. Expertos señalan que Bolivia tiene “con datos desfasados” que no reflejan la realidad nacional, por lo tanto, es urgente su actualización, más aún cuando el país ha pasado por una pandemia.

De acuerdo a la proyección del Instituto Nacional de Estadística (INE), Santa Cruz es el departamento con mayor crecimiento poblacional seguido de La Paz y Cochabamba. Esto obliga a reconfigurar el total de escaños por departamento.

 

Diez años pasaron desde el empadronamiento de 2012. De acuerdo con los resultados conocidos en 2013, La Paz es el departamento con el mayor número de habitantes del país, seguido por Santa Cruz y Cochabamba.

 

Con los datos obtenidos en el registro de 2012, para los comicios de 2014 el único departamento que logró mayor representación fue Santa Cruz, tres escaños más, en desmedro de Chuquisaca, Potosí y Beni (ver infografía de distribución parlamentaria).

Santa Cruz, primero

 

De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), este 2022 la población del país llegaría a algo más de 12 millones de habitantes.

 

Según las proyecciones, Santa Cruz tendría una población de 3.425.399 habitantes, seguido por La Paz con 3.051.947 y Cochabamba con 2.117.112 habitantes. Potosí se acerca al millón de habitantes, 916.087.

 

“Todas las proyecciones señalan que Santa Cruz aumentará su representación, lo que significa que otras regiones tendrán una reducción”, indicó en su momento el politólogo Carlos Cordero.

Circunscripciones

 

De verificarse el censo en 2023 y de consolidarse los resultados de mayor población en Santa Cruz, estos determinarían la revisión de las circunscripciones uninominales, lo que eventualmente significaría la reasignación de escaños.

El total de escaños por departamento incluye las diputaciones uninominales, plurinominales y las circunscripciones especiales para naciones y pueblos indígena originario campesinos minoritarios.

 

La distribución de las diputaciones es entre los nueve departamentos, en principio, por población. La Constitución Política del Estado (CPE) señala que “por equidad la ley asignará un número de escaños mínimos a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico”.

 

Conforme a esta disposición, los seis departamentos con menor población parten con una base de cuatro diputados cada uno y Potosí obtiene uno más, por ser el departamento con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH).

 

Según este precepto, los 105 restantes se dividen por el criterio de distribución por población.

Población en edad de votar

 

Al considerar las proyecciones del INE y tomar en cuenta a los ciudadanos que están en edad de votar, se establece también que la región oriental cruceña cuenta con un importante número de votantes, mayor que La Paz y Cochabamba.

 

De acuerdo con los datos, de los 12 millones de habitantes proyectados para este año, 7.780.428 se encuentran en el rango etario de 18 años a 80 años o más.

 

Los datos establecen que el 72 por ciento de la población en edad de votar se encuentra en el eje central.

 

“Entonces, los resultados del censo (2023) pueden llevar al departamento de Santa Cruz a demandar un mayor número de diputados, pero esto tiene que pasar por una ley”, señaló en su oportunidad Cordero.

 

Por ejemplo, los resultados de 2012 se dieron a conocer en julio de 2013, y la ley modificatoria de los escaños se promulgó en octubre del mismo año y se aplicó en las elecciones de 2014. La norma mencionada es la 421 del 7 de octubre de 2013.

En este contexto, una vez que se realice el censo y se den a conocer los resultados, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe presentar una norma a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que sin duda dará pie a debate y oposición entre las regiones que se sientan afectadas por el nuevo esquema.

 

Esto debido a que se tendrá que quitar escaños a algunos departamentos para entregárselos a Santa Cruz, y “ese es un problema gravísimo, problema político del que no hay solución aceptable, no hay solución sin conflicto”.

 

“Si tú le quitas uno a La Paz, La Paz se va a incendiar, si le quitas a Potosí lo mismo, para evitar este grave problema político se decide postergar”, dijo.

 

Movida

 

La politóloga Jimena Costa señaló que ante la evidencia de crecimiento de la población en Santa Cruz, la movida del Gobierno es “evitar lo más posible que haya censo para que en 2025 vayamos con el mismo sistema electoral”.

“La misma cartografía, el mismo padrón, así como corderitos al matadero y nuevamente implementen su sistema ya montado”, sostuvo.

 

Costa fue más allá y dijo que el Gobierno del MAS puede “utilizar a Santa Cruz para decir que no hay condiciones para llevar adelante el censo y suspenderlo indefinidamente. El plan es mantenerse en el poder”.

 

“No creo que el postergar hasta el 2024 tenga nada que ver con lo técnico ni creo que tenga que ver con presentar unos resultados mejores, para nada, más bien pueden ganar tiempo para preparar unos resultados del censo que vayan acordes a su proyecto de poder, como hacen con el resultado electoral y decir que hay más de los que apoyan a ellos”, indicó.

 

Preocupante

 

Ante este escenario de incertidumbre e imposición de la gran encuesta nacional en 2024, la economista y experta en Planificación Urbana, María del Carmen Ledo García, expresó su preocupación por la actitud dilatoria del gobierno, toda vez que no toma en cuenta las recomendaciones que se dan para llevar adelante con éxito y de manera oportuna el proceso censal en 2023.

 

Refirió que el pasado 29 de septiembre se llevó adelante una reunión técnica y que parecía que todo está muy bien. En esa oportunidad se atendieron muchas de las demandas planteadas por la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

 

“Es preocupante lo que después se presenta. Nos dijeron que iban a hacer consultas sobre aspectos que no fueron incorporados en las recomendaciones realizadas, pero luego me sorprendió cuando dijeron que ‘recién a fin de año iban a tener las respuestas’, en otra reunión que hubo”, aseguró.

 

Dijo: “Cuando pregunté cuándo iba a salir la incorporación de las recomendaciones me dijeron a fin de año, entonces, quiere decir que si es a fin de año no se va a llevar adelante el censo en 2023”.

 

“Está todo dictado”

 

En ese contexto, Ledo García manifestó que “más que nunca se requiere la información, producto de todos los problemas que vivió el país, además de una pandemia que afectó a todo el mundo”.

 

“Lamentablemente, no hay claridad, aunque ya parece que está todo dictado a hacer en 2024 y no se escucha lo que estamos diciendo, porque en realidad no quisiéramos que se contamine la información con ningún tipo de interés ni político ni de ninguna otra índole”, afirmó.

 

De acuerdo con la economista, Bolivia actualmente tiene datos desfasados, por lo tanto, no reflejan la realidad nacional. Por eso, las “recomendaciones internacionales señalan que los censos deben hacerse cada diez años”.

 

“Es porque las proyecciones demográficas después de 10 años se vuelven débiles, pensábamos que por primera vez en la historia de Bolivia se iba a tener un censo en el tiempo establecido”, añadió.

 

Desfavorable

 

Sobre levantar los datos en un año preelectoral, la economista dijo que no es recomendable, ya que generaría una serie de ruidos y tendría un impacto en la credibilidad de la información.

 

“A mí lo que me preocupa, fundamentalmente, es el tema de la calidad de la información y normalmente es un tema técnico y, por eso, tiene que estar alejado de todo lo que significa manejo político”, sostuvo.

 

Cambios

 

Según la información proporcionada, es indispensable realizar el levantamiento de datos a la brevedad, porque en principio Bolivia geográficamente ha cambiado y se ha transformado producto de la crisis sanitaria.

 

Se manifiesta que no existe la certeza de cuántas personas han fallecido, cuánta gente ha tenido que cambiar de residencia o cuáles han sido los impactos internos a nivel de la geografía y cómo se han generado los procesos de redistribución de la población.

 

“En ese sentido, para toda esta información es fundamental, porque ahí recién podremos saber qué es lo que ha pasado, cuánto han crecido las regiones, cuáles han decrecido, dónde se ha producido mayor cantidad de impactos de natalidad, mortalidad, en inmigración, emigración (...), lamentablemente, nada de eso se tiene y estamos yendo como la gallinita ciega”, manifestó la doctora en planificación.

 

Proyecto

 

Ante esta incertidumbre y con la finalidad de cumplir con el tiempo establecido internacionalmente, el abogado y analista político Paúl Antonio Coca presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional el anteproyecto de Ley del Censo Nacional de Población y Vivienda para que este se realice el segundo domingo de noviembre cada década, sí o sí.

 

“De acuerdo al anteproyecto, establecemos claramente el segundo domingo del mes de noviembre, es la propuesta que estamos realizando. Primero, el Gobierno dijo que debía realizarse de noviembre de este año, lo va a incumplir y segundo porque el gobernante que sea no va a tener excusa para no realizar el censo”, señaló.

 

Explicó que la idea de proyectar una ley del Censo de Población y Vivienda es para evitar que el Gobierno de turno, en este caso comandado por el Movimiento al Socialismo (MAS), defina la fecha del censo mediante decretos supremos, como se está haciendo hasta ahora.