POTOSÍ
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Funcionarios de la Gobernación de Potosí realizaron depósitos en una cuenta fiscal que suman Bs1.435.000, para cubrir la boleta de garantía de la contratación fallida de las 41 ambulancias. Ese monto era considerado como el daño económico al Estado que se había causado en este caso.
La información fue proporcionada
por el asambleísta departamental Jaime Flores, quien es querellante en este
caso y cuestionó que funcionarios tengan esos montos de dinero a disposición
tomando en cuenta sus ingresos.
Según la imputación de la
Fiscalía, en este caso se generó un daño económico al Estado de Bs1.435.000
porque la Gobernación potosina no había cobrado la boleta de garantía que había
dejado la empresa Estefals Logistic, para hacerse del contrato para proveer 41
ambulancias por 20,5 millones de bolivianos.
La Gobernación de Potosí decidió
anular el contrato con la empresa, después de las denuncias de irregularidades,
pero la Fiscalía consideró que esta figura no correspondía, sino se debió
cobrar las multas por el incumplimiento en plazo de entrega o cobrar la boleta
de garantía.
Sin embargo, ahora se conoció que
seis funcionarios (la mitad que no están imputados) hicieron depósitos que
suman el monto de la boleta de garantía.
El asambleísta Flores detalló que
René L.G. ha depositado la suma de Bs348.000, Ricardo R.S. (no imputado)
depositó Bs139.200, Rubén M.M. ha depositado 348.000, Leonardo C.M. (no
imputado) depósito Bs278.400.
Asimismo, Eulogio P.C. entregó el
monto de Bs243.600 bolivianos y finalmente Carla L.V. (no imputada) depósito
Bs77.800.
El querellante indicó que los
documentos fueron revelados en una audiencia del miércoles por parte de uno de
los imputados, para argumentar que ya no existiría un daño económico.
Señaló que con el pago de estos
montos, los funcionarios pretenden acogerse a la figura de justicia
restaurativa, mediante la cual quedarían exentos de proceso al resarcir el daño
económico.
Sin embargo, Flores mencionó que
además de la boleta de garantía aún existe daño económico por la penalidades
que debió cobrar la Gobernación a la empresa.
El querellante pidió que se
establezca el origen de estos montos, puesto que, tomando en cuenta que los
funcionarios trabajaron 15 meses y asumiendo que ganan unos Bs12.000, no les alcanzaría
para hacer un depósito de la magnitud de
Bs34.000.
En este proceso también está
imputado en gobernador Jhonny Mamani, sin embargo, la audiencia cautelar no se
ha realizado aún por suspensiones. Se espera que se realice el 29 de agosto.
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