ZAPATA INSISTE EN INTERVENIR EN LA FUNDACIÓN DE OBERMAIER

Dice actuar con la verdad

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El exsecretario general de la Prefectura de la gestión José Luis Paredes, Alejandro Zapata, insistió hoy en intervenir en la dirección de la Fundación Cuerpo de Cristo porque, según él, sigue siendo un director legal para asumir la presidencia vitalicia de la entidad creada por el fallecido padre Sebastián Obermaier.

Dijo tener la verdad de su lado y acusó al obispo de El Alto, Eugenio Scarpellini y al actual director Gregorio Condori de haber mentido al asegurar que la última acta donde supuestamente Obermaier desconoce a los exdirectores, entre ellos Alejandro Zapata, es falsa, según un informe pericial.

Recordó que ambos aseguraron que esa acta del 30 de junio a las 3:30 de a la mañana fue escrita en puño y letra por el padre Obermaier,  sin embargo un examen grafológico solicitado por él,  indica que la letra no le corresponde al fallecido sacerdote, sino al mismo Condori que figura como beneficiario de una supuesta voluntad del padre.

Aseguró que los documentos que mostraron después de 2010 no tienen valor legal, entendiendo que el Gobierno Departamental ha emitido un fallo en sentido que los estatutos y el acta de constitución no fueron modificados, por tanto, él se considera que sigue siendo un director fundador y no pudo ser expulsado por su condición de político.

“Pueden mostrarnos toda la documentación, pero los documentos de fundación dicen que sólo cinco miembros podían definir la fundación Cuerpo de Cristo, y no una reunión de madrugada. Ahora esas mentiras se han convertido en delitos”, señaló en una conferencia de prensa.

Zapata sostuvo que en ninguna parte de los estatutos se dice que los directores de incurran en política, deben ser expulsados de la Fundación, por tanto, se utilizó mucha mentira en el caso, luego de ser posesionado como presidente vitalicio.

Manifestó que él nunca se aprovechó de la Fundación, por el contrario, la entidad se aprovechó de su autoridad cuando era prefecto interino y diputado nacional para aprobar leyes sobre proyectos de alcantarilla y otros que significaron una inversión de 16 millones de dólares para El Alto.