ARCE: BOLIVIA RECONOCE LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES Y ES RESPETUOSA DE SUS FALLOS

COCHABAMBA, BOLIVIA (ANB / PGE).- El Procurador General del Estado, Héctor Arce, remarcó el lunes las acciones legales internacionales que realiza ese despacho conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia y DIREMAR para la defensa de la Demanda Marítima Boliviana y afirmó que Bolivia reconoce los tribunales internacionales y es respetuosa de sus fallos.

    En la Rendición Pública de Cuentas de la gestión 2016, que se realizó en el Salón de Honor de la Gobernación de Cochabamba, Arce dijo que se conocieron los débiles argumentos que Chile presentó en  la contra-memoria y que serán respondidos en marzo de este año.

     "Bolivia reconoce los tribunales internacionales  y es respetuosa de sus fallos", puntualizó el Procurador General del Estado, citado en un boletín institucional.

    En la Rendición Pública de Cuentas, Arce afirmó que "Bolivia es el país que más nacionalizaciones efectuó, que más beneficios obtuvo de la nacionalización y al mismo tiempo es el país que menos conflictos legales tiene".

    El informe estuvo dividido en tres áreas temáticas: defensa legal del Estado ante Tribunales Internacionales, logros en la  implementación de sistemas informáticos para el seguimiento y apoyo a las unidades jurídicas de Bolivia y las propuestas normativas efectuadas por la Procuraduría General del Estado (PGE).

    En el tema de la defensa legal internacional informó que la Procuraduría General del Estado defiende 6 procesos arbitrales en materia de inversiones, es decir, los casos Quiborax, BP Global Investments, Abertis, South American Silver, Jindal Steel Bolivia y Glencore.

    Puntualizó que en su gestión se lograron cerrar amigablemente 12 casos en beneficio del Estado mediante procesos de negociación.

    Explicó que las desmedidas pretensiones de las transnacionales eran de 3.404 millones de dólares, pero recordó que se pagaron  828,3 millones de dólares, lo que significa un importante ahorro para el Estado del 76% de las pretensiones iniciales de los demandantes.