LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- La presidenta de la Comisión Fiscalizadora de los contratos
firmados entre el Estado y CAMC, Susana Rivero, informó el miércoles que hasta
la fecha no se hallaron irregularidades en los tres primeros convenios
revisados, como ningún indicio de que haya habido tráfico de influencias,
delito por el que se investiga a esa empresa china.
"Estamos revisando el tercer proceso
de contratación, hemos visto YPFB, hemos visto Comibol, Gobernación de La Paz y
hasta acá no hay ninguna manera en la que hubiera alguien agarrado el teléfono
para decir denle el contrato de manera forzada y mañosa a la CAMC", dijo.
Rivero instó a la oposición, periodistas y
personas que denunciaron que CAMC se benefició de un supuesto tráfico de
influencias, presenten pruebas de sus acusaciones, porque la Comisión
Legislativa aún no encontró ningún indicio de ese hecho.
"Estamos hasta ahora, esperando que
todos los que han afirmado que para firmar estos contratos ha habido tráfico de
influencias, porque ya vamos por el tercer caso y hasta ahora no encontramos
ningún indicio que pueda decir que alguien llamó por teléfono para decir denle
el contrato a CAMC", manifestó.
Anunció que el cuarto contrato que se
analizará es el suscrito para la
ejecución del Proyecto Múltiple Misicuni, vinculado al Sistema de
Comunicaciones y Distribución de Energía.
"Empezamos hoy a analizar la
información de la contratación de Misicuni, probablemente sea el contrato más
difícil, porque es el más voluminoso, en un sólo proceso se han hecho varias
contrataciones de distintos lotes, de la presa, del equipamiento, del sistema
de electricidad, será el más voluminoso, el que nos demorará más tiempo",
agregó.
A principios de febrero, el periodista y
exagente de inteligencia, Carlos Valverde, denunció un supuesto tráfico de
influencias de la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, gerente
comercial de la empresa CAMC, compañía que firmó contratos millonarios con el
Estado.
A contramano, el Jefe de Estado negó la
acusación y pidió una investigación de la Contraloría General del Estado y de
una comisión mixta y multipartidaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
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