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viernes, 19 de febrero de 2016

DEFENSOR ADVIERTE “USO NO ÉTICO DE RECURSOS ESTATALES”

Campaña para el referendo
Rolando Villena. Foto: ERBOL.
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, advirtió que el sentido del referendo del próximo 21 de febrero se distorsionó y afirmó que hubo un “uso  no  ético  de  los  recursos  estatales” en la campaña.


“Durante  la  campaña  fue  evidente  el  uso  de  recursos  del  Estado,  especialmente  para  la  contratación  de publicidad de obras públicas en medios de comunicación que promovían el apoyo a una de las opciones, lo que  generó  además  un  uso  no  ético  de  los  recursos  estatales,  con  discrecionalidad  y  desigualdad  en  la publicidad y promoción de una opción frente a la otra”, señaló.

Villena también expresó su preocupación por las “presiones y amenazas” contra funcionarios públicos para formar parte de eventos proselitistas. Señaló que están “sometidos a una suerte de acoso laboral con fines político partidarios”.

Para el Defensor, hubo una “tergiversación y desnaturalización” del referendo, porque el mismo se realiza para modificar o no la Constitución, pero en los hechos se transformó en un plebiscito que tiene como eje al Presidente y Vicepresidente.

“Esta manipulación  del  sentido  del  Referéndum  devino  en  activar  la  polarización,  el  enfrentamiento  y  la división  entre  bolivianas  y  bolivianos  con  acusaciones  y  contraacusaciones,  pretendiendo  estigmatizar  a unos u otros ciudadanos y ciudadanas, según los objetivos de los partidos e intereses en pugna”, lamentó.

Independencia del Tribunal Constitucional

Durante la campaña, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anuló el límite que había puesto el Tribunal Supremo Electoral para la transmisión de actos de entrega de obras.


Para el Defensor, esa sentencia vulnera la independencia de órganos del Estado. “Se  sembraron  dudas  sobre  la  independencia  del  Tribunal  Constitucional  respecto  a  los intereses del poder político, mostrado en  la celeridad  inusitada con que procesaron  la consulta y  la acción de  inconstitucionalidad  presentadas  por  el  partido  en  función  de  gobierno,  cuando  se  referían  al  Referéndum; mientras que otras demandas ante esa instancia, que piden respeto a los derechos humanos, tienen retraso de hasta dos años en su tratamiento sin merecer ninguna respuesta hasta la fecha” agregó.      

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