Hay
que buscar soluciones de fondo, dice
El viceministro de Justicia, Diego Jiménez. Foto: La Razón. |
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El viceministro de Justicia, Diego Jiménez, reveló este domingo
en Erbol que en Bolivia existen 516.000 procesos judiciales en mora, por lo que
urge la puesta en marcha de un plan de fondo para mejorar la aplicación de la
justicia.
La
autoridad gubernamental señaló que la escasez de operadores, la penalización de
casos atendidos por el Ministerio Público, escasos recursos económicos y otra
serie de factores derivó en la acumulación de eventos en los tribunales.
Puso
como ejemplo la situación de un juez en La Paz que sólo emite 315 sentencias
judiciales por año, en tanto que en Tarija 55, lo que no permite identificar un
promedio sobre la retardación judicial en el país.
“Los
juzgados de instrucción tienen 35% de efectividad y el resto (de los casos se)
lo pasa a la siguiente gestión. Es preocupante, se tramitan delitos públicos,
robos atracos homicidios, no es posible que haya mora”, afirmó.
Según
datos estadísticos que maneja el gobierno, el 64% de la población infractora
corresponde a la categoría de detenidos preventivos. Los juzgados cautelares
nunca acaban de atender.
“La
mora procesal si bien se justifica, urge aumentar personal para las diferentes
materias de acuerdo a la capacidad de resolución, tenemos que cambiar todo el
modelo. Tenemos un sistema que no funciona, debemos trabajar en el modelo de
gestión”, afirmó.
Causas
de la retardación
Jiménez
indicó que el principal cuello de botella que se observa en el trabajo de los
juzgados es su rol en la atención de casos.
Manifestó
–por ejemplo- que los jueces “se
empantanan” en trámites administrativos, cuando deberían concentrarse en el
ámbito por los cuales fueron contratados.
“Una
persona litigante debe presentar y recibir respuestas del juez por escrito.
Esas respuestas por escrito le hacen perder tiempo, todo debería estar en el
sistema. Son diversos elementos que se
deben trabajar para amortiguar la carga judicial”, afirmó.
Advirtió
que este sistema y que se refleja en la acumulación de carga en mora
inevitablemente deriva en corrupción.
“Al
existir sobredemanda es arbitrario, hay que ver qué casos van a dormir el sueño
de los justos. Si quieres que tu proceso avance tienes que ir pagando. La mora
procesal es crítica y hay que buscar soluciones de fondo”, confió.
Cámaras
de vigilancia
El
viceministro de Justicia respaldó la propuesta para la instalación de cámaras
de seguridad en recintos judiciales.
Señaló
que este proyecto no debería provocar susceptibilidades, porque es una
experiencia que ya se aplica en otros países.
“La
vigilancia lo puede hacer el mismo poder judicial. Una cámara es un mecanismo
de transparencia como se lo hace en cualquier lugar. Mucho va a depender como
se ponga la cámara y cómo se lo administre”, agregó.
Roles
diversos
Mencionó
que en la futura cumbre de justicia debe replantearse el rol del Consejo de la
Magistratura, quien en la actualidad elige jueces y fiscales, y simultáneamente
sanciona.
Citó
también la penalización de la justicia, cuando deberían existir otras
instancias que le solucionen los problemas al litigante.
“Hemos
penalizado todo, pareciera que para el estado le da lo mismo que procesar el
maltrato a un perrito que un feminicidio. No hay tratamiento diferenciado o
(con) prioridad. Por eso en el proyecto que planteamos pretendemos diseñar escala
de valores”, apuntó.
Dijo
que el Ministerio Público debería ver crímenes y diferenciar otros delitos.
“En
las faltas leves debería haber un procedimiento simple donde un juez aplique un proceso abreviado sin la
participación del Ministerio. Esta nueva visión de política criminal es
necesaria para cambiar el sistema penal. Hay que entender que se crearon leyes
con presión social lo que no soluciona penalizando todo. Hay conductas que
deben irse por otros lados”, concluyó.
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