Belaunde se había declarado perseguido
político y tramitó en La Paz asilo ante la Comisión Nacional del Refugiado
(Conare), aunque sin éxito y la justicia ordenó su detención preventiva en un
domicilio particular.
"Corresponde, por decisión del
Tribunal Supremo, por decisión unánime de sus miembros, la extradición del
ciudadano", dijo el magistrado y subrayó que el súbdito peruano no logró
demostrar ante el Conare que era víctima de persecución política.
Belaunde, ex asesor del presidente peruano
Ollanta Humala, es acusado de peculado, asociación ilícita y lavado de activos.
De acuerdo con Campero, la decisión del TSJ
establece la entrega de Belaunde por parte del Ejecutivo boliviano "con un
procedimiento que ellos tendrán que seguir al Estado peruano".
El próximo 21 de mayo concluye el plazo de
detención domiciliaria que la justicia impuso contra Belaunde en enero.
"Serán las autoridades las que deban a
analizar la fecha para devolverlo al Perú. Nosotros hemos tomado una decisión
conforme a la Ley", remarcó Campero.
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