FISCAL GENERAL ABOGA POR PROCEDIMIENTO ABREVIADO

LA PAZ Y SUCRE, BOLIVIA (ANB / ABI).- El Ministerio Público certificó el sábado que los procedimientos abreviados son una salida alternativa de solución voluntaria, aplicada sin ninguna presión, respaldada por la Constitución y que no vulnera los derechos ni garantías constitucionales de las personas.

    "Estos procedimientos tienen vigencia desde el (año) 2001, es decir que están siendo aplicados desde hace 14 años", precisó el fiscal general del Estado, Ramiro José Guerrero.

    Por ello y ante algunos cuestionamientos de organismos de Derechos Humanos y la Iglesia Católica en sentido de que los procedimientos abreviados, como los que se aplican en la cárcel de Palmasola, la más violenta y hacinada del país, violan garantías constitucionales de las personas, el Fiscal, citado por un boletín institucional, dejó en claro que se trata de una institución jurídica que flexibiliza, economiza y descongestiona el proceso penal, sin llegar al juicio oral.

    Guerrero sostuvo que al tratarse de una forma o mecanismo de solución del conflicto penal adoptada por el Estado, distinta al juicio ordinario, se basa en la renuncia del imputado a su derecho a juicio oral en el marco del principio de verdad material, modelo imperante en todas las legislaciones procesales penales de la región.

    En algunos países, dijo, hasta el 90% de los casos se resuelven por esa vía, reflejo de la madurez del sistema penal y la contundencia de los medios investigativos.

    Además, acarrean beneficios para todos los que se encuentran inmersos en el sistema de administración de justicia penal, ya que el Estado puede optimizar el uso de sus escasos recursos sin utilizar la fuerza.

    Guerrero sostuvo que el procedimiento abreviado procede cuando el Fiscal, el imputado y su abogado defensor se ponen de acuerdo para obviar el juicio oral y acortar el camino procesal para llegar a una sentencia justa.