JUEZ ORDENA EL ARRAIGO DEL ALCALDE ELECTO DE ORURO

Por contratos lesivos al Estado

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El juez Cuarto Cautelar de la ciudad de Oruro, Sandro Quezada, dispuso hoy  medidas sustitutivas a la detención preventiva en contra del alcalde electo de Oruro, Edgar Bazán Ortega, por el caso de la obra “Construcción Puente Distribuidor Vehicular Av. Circunvalación – Av. del Ejército”.

El Ministerio de Transparencia, como denunciante de este hecho, informó que Bazán está imputado por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

La determinación judicial ordena el arraigo de Bazán para evitar su salida fuera del país. Asimismo, el imputado está prohibido de comunicarse con las supuestas víctimas y debe presentarse una vez a la semana en la Fiscalía, además de presentar un garante solvente y con domicilio en la ciudad de Oruro.

Datos de Transparencia

“El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, en el marco de sus atribuciones, en fecha 10 de noviembre de 2014, presentó la denuncia contra Edgar Bazán Ortega por la presunta comisión de los delitos señalados cometidos durante el ejercicio de sus funciones como alcalde del municipio de Oruro, en la ejecución de la obra ‘Construcción Puente Distribuidor Vehicular Av. Circunvalación – Av. del Ejército’, cometiendo irregularidades que causaron un daño económico al Estado, entrega de una obra inconclusa con el consiguiente perjuicio a la población de Oruro.

Las irregularidades identificadas a raíz de la revisión de la documentación  se establecen:

- Incremento del costo inicial establecido: El gobierno municipal a través de la modificación del contrato, incrementó el costo de la obra en Bs. 1.128.340,14 (UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 14/100 BOLIVIANOS), al monto inicial establecido en Bs. 12.678.987.27 (DOCE MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 27/100 BOLIVIANOS).  

- Contratación sin estudio a diseño final. Se evidencia que no se realizó un estudio de factibilidad y a diseño final, pues se amplía el plazo de ejecución de la obra, argumentando la falta de documentación como: planos, estudio de suelos, información de servicios básicos y otros.

- Obra en terrenos sin derecho propietario. Se estableció que el Gobierno Municipal de Oruro, no tenía derecho propietario saneado sobre los terrenos establecidos para la construcción de la obra, aspecto que ha impedido la conclusión de la misma tal como estaba previsto, ocasionando un evidente daño económico y dificultando el tránsito vehicular en vez de solucionarlo.

- Recepción de obra inconclusa. Pese a todas las irregularidades evidentes, se suscribe el Acta de Recepción Definitiva de una obra inconclusa, sin haber cumplido con el objetivo específico del proyecto, que establecía: ‘Optimizar la infraestructura urbana, mejorando la circulación vehicular y peatonal de esta importante vía’.

Según lo manifestado por el Director de General de Investigación de Actos de Corrupción, del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Dr. Jorge Flores, se estableció que en el marco de lo previsto por Ley, se apelará esta decisión, considerando el daño económico y los antecedentes presentados ante las autoridades competentes, en atención a que se solicitó la detención preventiva del imputado”.