PIÑAMI, BOLIVIA (ANB / ABI).- El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó el
jueves que el exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, será citado a declarar
por su presunta implicación en el caso terrorismo.
"Se va convocar tanto al señor Rubén
Costas como otras personas que están siendo implicadas en este tema",
dijo.
Según Guerrero, Costas será citado porque
dos sentenciados por el caso denominado Terrorismo I, el boliviano-croata Mario
Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, revelaron su supuesta implicación en los hechos.
Ambos declararon, por separado, que Costas
contrató en 2009 al líder de la célula terrorista, Eduardo Rózsa Flores, para
conformar un grupo de mercenarios con la misión de dividir al país.
En ese contexto, Guerrero explicó que
Costas será convocado por una comisión de seis fiscales que investigan el caso
llamado Terrorismo II, una vez que audiencias efectuadas por el primer proceso
terminen esta semana en la ciudad de Santa Cruz.
El caso Terrorismo I se investiga desde
abril de 2009, después que la Policía desarticuló una célula terrorista en un
céntrico hotel de la ciudad de Santa Cruz, que estaba liderada por el
boliviano-húngaro Eduardo Rózsa.
Rózsa Flores había conformado una
agrupación de mercenarios extranjeros financiados desde Bolivia para ejecutar
acciones terroristas y secesionistas destinadas a desestabilizar al gobierno
del presidente Evo Morales.
Los hechos hicieron que se abra un primer
proceso penal el 1 de octubre de 2012 con 30 implicados en los hechos
materiales del caso y 17 personas declaradas rebeldes.
La pasada semana fueron sentenciados
Ignacio Villa Vargas (alias El Viejo), a Juan Kudelka, a boliviano-croata,
Mario Tadic y al húngaro Elöd Tóásó, porque admitieron su participación en el
movimiento separatista liderado por Rózsa.
Sin embargo, el Ministerio Público sigue
desde el 21 de julio de 2011 un proceso paralelo, llamado Terrorismo II, para
determinar que personas e instituciones financiaron la conformación del grupo
irregular liderado por Rózsa.
La indagación comenzó con una lista de 35
sospechosos de cometer delitos de organización criminal y legitimación de
ganancias ilícitas, entre ellos varias autoridades y legisladores e incluso
ejecutivos de entidades privadas de Santa Cruz.
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