LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) designó el
viernes por unanimidad a seis legisladores, cuatro del oficialismo y dos de la
oposición, para formar la segunda comisión mixta que investigará el proceso de
capitalización y privatización en Bolivia.
"La comisión de investigación fue
conformada por unanimidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional en el marco
de la pluralidad y con la participación de las tres fuerzas políticas que
componen nuestra Asamblea", señaló el vicepresidente del Estado y
presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Álvaro García
Linera.
Según la resolución aprobada a la que dio
lectura la primera secretaria de la Cámara de Diputados, Nelly Lens, esa
comisión está integrada por los senadores Arturo Murillo de Unidad Demócrata
(UD) y Jovana Jordán del Partido Demócrata Cristiano (PDC), en representación
de la oposición y por el senador Rubén Medinaceli y los diputados Xavier
Zabaleta, Romina Pérez y Susana Rivero del Movimiento Al Socialismo (MAS), en
representación del oficialismo.
García Linera informó que la presidencia de
esa comisión estará a cargo en el caso de la Cámara de Senadores de Rubén
Medinaceli y de Javier Zavaleta por parte de la Cámara Baja.
El Vicepresidente exhortó a la comisión a
recoger los documentos trabajados por la primera comisión formada por la
anterior Asamblea Legislativa para establecer proposiciones acusatorias contra
las ex autoridades implicadas en la privatización y capitalización de empresas
públicas.
"Deben hacerse asesorar por un buen
equipo de investigación, un buen equipo jurídico para indagar sobre temas por
ejemplo como el Lloyd Aéreo, en el que no hay responsables, temas como YPFB
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), es decir los temas más
importantes", complementó.
Aseguró que las presidencias de ambas
cámaras colaborarán con los recursos necesarios para que esa comisión de
investigación "tenga el mejor sistema de información, investigación y
elaboración jurídica para que al finalizar su trabajo exista una lista larga de
acusaciones".
Dijo que esas acusaciones serán remitidas
al Ministerio Público para que "nunca más" nadie se anime a
privatizar "ni una aguja" en Bolivia.
La primera comisión especial designada en
julio de 2013 investigó el proceso de privatización entre 1990 y 2001 y
concluyó con un informe que sugirió procesar a 11 ex autoridades, entre ellas,
el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el ex ministro Samuel Doria
Medina.
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