ROMERO DENUNCIA QUE MINEROS PORTAN ILEGALMENTE EXPLOSIVOS Y PIDE A LA FISCALÍA ASUMIR ACCIONES

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció el lunes que por instructiva de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), cada minero debe portar 20 cartuchos de dinamita en las movilizaciones en rechazo al proyecto de Ley de Minería, ante esa situación pidió al Ministerio Público asumir acciones, porque -dijo- que la tenencia de explosivos es ilegal.

    'Determinaron que cada integrante (cooperativista minera) en la movilización debe portar mínimamente 20 cartuchos de dinamita, es decir si se movilizan 100 personas estamos hablando de 2.000 cartuchos y si se movilizan 1.000 personas estamos hablando de 20.000 cartuchos de dinamita', afirmó en conferencia de prensa.

    Romero explicó que la tenencia de explosivos es 'ilegal' ya que se promulgó un decreto supremo, ante ese extremo solicitó al Ministerio Público que haga seguimiento del caso porque 'atenta contra la población'.

    'Pero en todo caso también nuestro llamado al Ministerio Público para que haga seguimiento es una obligación del Ministerio Público de hacer un seguimiento de la portación ilegal de explosivos', indicó.

    Asimismo, aseguró que los efectivos policiales realizarán las requisas correspondientes para decomisar los explosivos, que pretenden ser utilizados en las medidas de presión.

    'La Policía tiene identificada a las movilidades donde se ha introducido estos explosivos, y tiene la instrucción de hacer todas las requisas correspondientes y bueno se lo está haciendo', respaldó.

    El Ministro de Gobierno informó que aproximadamente 4.000 mineros cooperativistas se estarían movilizando en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba.

    'Afortunadamente no ha habido ninguna confrontación entre policías y mineros, hasta la media jornada, pero ahora se abrió el bloqueo de Tilaque, pese que ha habido la intención de cloquear en Caihuasi, Patacamaya', añadió.

    Apuntó que el Gobierno catalogó a la movilización del sector minero cooperativista como ilegitima, irracional e inconstitucional, que vulnera la Carta Magna del país.