VILLA TUNARI, BOLIVIA (ANB / ABI).- El viceministro de Defensa Social y Sustancias
Controladas, Felipe Cáceres, reveló el lunes que se enfatizará la ejecución de
fuerzas de erradicación de coca en las provincias Baptista Saavedra y Larecaja
del departamento de La Paz, con la finalidad de eliminar cerca de 900 hectáreas
ilegales.
'Nuestros grandes desafíos, retos
y metas de la presente gestión es la provincia Baptista Saavedra, porque de
acuerdo con la Ley 1.008 es una zona excedentaria y no tiene que haber ni una
planta de coca. Tampoco en la provincia Larecaja', sostuvo en conferencia de
prensa.
Cáceres explicó que para la tarea
se desplazará entre mediados de abril y finales de mayo a efectivos del Centro
Estratégico de Operaciones Subteniente Gironda (CEOSG), ex Fuerza de Tarea
Conjunta, a esa región con todas las medidas de seguridad necesarias.
Detalló que esa zona cuenta con
cerca de 500 hectáreas de cultivos ilegales.
Según Cáceres, el trabajo tendrá
especial interés porque 'hay voces de amenazas' de algunos representantes que
sostienen que esa zona es milenaria en cuanto a la existencia de coca, con data
de incluso mayor antigüedad que los Yungas de La Paz, porque allá existen
personalidades dedicadas a la medicina tradicional.
'Vamos a respetar esta cultura
tradicional, porque en el pasado la medicina científica no existía, sino que
básicamente los hermanos kallawayas tenían algunas plantaciones en huertos, por
ejemplo de 20 por 20 metros y habían como 40 plantas de hoja de coca', aseveró.
La existencia de esa producción
era respetada porque en medio tenían plantas medicinales como achicoria, la
menta y el romero para curar enfermedades, recordó.
A su juicio, el problema está en
que ahora hay alcaldes y dirigentes que piden la autorización de un cultivo de
un cato sin justificativo alguno, lo que no se aceptará porque si eso sucede se
incrementará la cantidad de cultivos permitidos.
Sin embargo, Cáceres estableció
que el caso será diferente en el caso de la provincia Larecaja, porque 'gracias
a Dios' se consiguió un 'gran acuerdo' con alcaldes y dirigentes y
cooperativistas mineros, por medio del diálogo y la concertación, para la
eliminación pacífica de cerca de 400 hectáreas
de coca.
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