LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El pleno de la Cámara de Diputados,
después de un debate de casi cuatro horas, sancionó el sábado el proyecto de
ley contra avasallamientos y tráfico de tierras, que establece hasta ocho años
de cárcel para quienes cometan esos ilícitos y procesos abreviados, según un
boletín institucional de esa instancia legislativa.
La presidenta de la Cámara Baja,
Betty Tejada, citada por el boletín, dijo que se trata de un 'proyecto que va a
resolver, al fin, el tema de avasallamientos, no sólo en lo rural, sino también
en lo urbano, pero además de una forma abreviadísima'.
De acuerdo con la Asociación de
Predios Productivos Agropecuarios Avasallados (ASPP), citada por el matutino La
Razón, en Santa Cruz existen 115 predios tomados y esa acción ya causa
perjuicio a la producción.
La norma, que fue remitida al
Ejecutivo para su promulgación, está compuesta por nueve artículos, dos
disposiciones adicionales, una disposición transitoria, dos disposiciones
finales y una disposición abrogatoria y derogatoria.
El objeto de la futura ley es
establecer el régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger
y defender la propiedad privada individual y colectiva, la estatal y las
tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras.
Asimismo, es objeto de la
normativa modificar el Código Penal incorporado nuevos tipos penales contra
ambos ilícitos en el área urbana y rural.
Entre las principales medidas, la
normativa establece procesos abreviados para combatir el avasallamiento y el
tráfico de tierras, los que estarán a cargo de los juzgados agroambientales y
penales, cuyos procedimientos de
desalojo serán de un máximo de 5 días a partir de la fecha de la recepción de
la denuncia.
Asimismo, la normativa
incorporará al Código Penal las figuras del 'tráfico de tierras', que consiste
en el arriendo, negocio o donación, la compra-venta, permuta de tierras
individuales o colectivas ajenas. Estas
acciones tendrán penas de privación de libertad de 3 hasta 8 años.
La figura del avasallamiento consistirá en cambio en la
invasión y ocupación de hecho, total o parcial, de tierras o inmuebles ajenos,
individuales, colectivos, bienes de dominio público, bienes de patrimonio del
Estado.
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