CEPAL y UNICEF
ORURO, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Los países de América Latina y el Caribe deben
implementar leyes, políticas, programas y acciones específicas para garantizar
el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad, indica el último boletín conjunto publicado por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF).
Algunas de las políticas públicas que podrían ser adoptadas son la
detección temprana de las discapacidades, la inclusión de los niños y niñas en
escuelas y actividades recreativas, la implementación de diferentes tipos de
accesibilidad (por ejemplo, arquitectónica y comunicacional), la entrega de
apoyo monetario a las familias para la obtención de dispositivos de asistencia,
además de subsidios para la producción de estos dispositivos.
Todas estas políticas promueven los derechos de la infancia en términos
amplios y contribuyen al desarrollo económico y social de los países, ya que
permiten a los niños y niñas con discapacidad desarrollar todo su potencial en
condiciones de mayor igualdad con el resto de la niñez regional, explica la
publicación.
A finales de 2012, 28 países de América Latina y el Caribe habían firmado
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y 23
estaban en proceso de ratificación.
No obstante, esto no siempre se traduce en legislaciones, políticas y
programas, debido en muchos casos a la falta de voluntad política, a la
ausencia del tema de la discapacidad en la formulación de las políticas
sociales y en el debate legislativo, y a la escasa articulación entre las
propuestas y las acciones necesarias.
Alrededor de 12 por ciento de la población de América Latina y el Caribe
vive con al menos una discapacidad (12,4% en América Latina y 5,4% en el
Caribe), según el informe Panorama Social de América Latina 2012 citado en el
boletín. Este estudio, publicado por la CEPAL en noviembre de 2012, dedica un
capítulo especial al tema de la discapacidad en la región.
Según la Convención, se considera personas con discapacidad a aquellas que
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo
plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con
las demás.
“Hasta hace poco, los niños y niñas con discapacidad eran escondidos,
objeto de burlas y, en muchos casos, víctimas de violencia. Esta situación ha
mejorado gracias a algunos cambios en la concepción de la discapacidad y a la
ratificación de la CDPD”, indican la CEPAL y UNICEF en el boletín que se
publica dos veces al año.
Las barreras y obstáculos para una verdadera inclusión son muchos:
arquitectónicos, comunicacionales, legales y actitudinales, y todos deben ser
superados.
“A menudo se cree que construir rampas en la entrada de un centro comercial
o de una escuela es suficiente”, afirma el boletín, pero para una auténtica
inclusión, por ejemplo, las escuelas requieren disponibilidad de instrumentos,
herramientas y actividades adaptados a las distintas necesidades y capacidades
de los niños y niñas, así como contar con un cuerpo docente capacitado.
La capacitación e integración de familiares y cuidadores, así como la
asistencia a los mismos, es igualmente importante, agrega el documento.
Los países también deben prestar especial atención a las barreras sociales
o culturales -como el prejuicio, la discriminación o el estigma- y a las
barreras legales o normativas. En la región se deben analizar las normas o
disposiciones aparentemente neutrales, pero que permiten o perpetúan la
discriminación, concluye el documento.
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