LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Cinco integrantes de una supuesta empresa comercializadora de vehículos Terranet S.A. fueron enviados preventivamente a la cárcel de Villa Busch, por presuntos delitos de estafa y asociación delictuosa, según Perla del Acre.
Más de 30 personas en Cobija dieron anticipo de dinero con el propósito de comprar un vehículo cero kilómetros, sin embargo, las atractivas ofertas resultaron una falsedad.
Ante la denuncia de algunos afectados, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público realizaron varios operativos hasta aprehender a Freddy Alfredo Fernández Torrico, Hilda Laida Mancilla de López, Pietro Accardi (presentador de televisión), Luis Gabriel Valdez Ayupe y Ricardo Marino Jiménez López, todos con residencia en la ciudad de Santa Cruz.
La empresa Terranet S.A. con gran despliegue publicitario inició actividades en la capital pandina a principios de la actual gestión, ofreciendo variedad de vehículos nuevos, a crédito y en cómodas cuotas. La familia Accardi de nacionalidad argentina, junto a otros socios bolivianos, paraguayos y de otros países, tenía la oficina central en la capital oriental.
En Cobija movilizaron vendedores que ofrecían vehículos cero kilómetro a precios accesibles y en cómodas cuotas, logrando captar varios miles de dólares por pagos anticipados en las ventas a crédito. Los clientes, entre los que figuran conocidas familias pandinas, varios profesionales de diferentes rubros, esperaron pacientemente la entrega de los vehículos, situación que no se hizo realidad.
La forma de operar
De acuerdo a las víctimas, los vendedores visitaban varias oficinas de instituciones públicas y privadas, tiendas comerciales y empresas, con fotografías de vehículos, en diferentes modelos, así como planes de pago cómodos y prometían entregar los motorizados en un plazo de 30 hasta 60 días, desde el momento del pago por adelanto.
Como los precios se veían bajos y convenientes, una gran cantidad de personas optó por invertir sus ahorros en el sueño del vehículo propio, sin embargo, en el tiempo acordado y con el transcurrir de otros meses, los vehículos no llegaron a Pando y los vendedores desaparecieron, dejando sólo una oficina, cuyos encargados sólo atinaban a pedir más plazos para cumplir con lo ofrecido.
Los montos adelantados por las víctimas superan los 200 mil dólares, cada uno hizo depósitos entre los tres mil dólares americanos hasta los cien mil bolivianos. Nadie recibió ninguno de los vehículos. La preocupación era inminente y algunos afectados comenzaron a sostener contactos telefónicos con el personal de la empresa, quienes les pedían más tiempo para hacer llegar la movilidad y en otros casos se haría la devolución del dinero, esa posibilidad solo quedó en promesa.
Más de 30 afectados
“Fueron a mi oficina y me convencieron por las facilidades de pago, de buena fe le di más de diez mil dólares para comprar dos movilidades cero kilometro, pero no llegaba el día cuando me entreguen, ponían toda escusa, por último les pedí que me devolvieran el dinero y aceptaron, me pidieron el numero de mi cuenta, les di, pero nunca depositaron. Solo quiero recuperar mi plata”, mencionó una de las afectadas.
“Yo vendí mi movilidad usadita y pensaba en una nueva, para ello saqué un préstamo del banco y les di más de ocho mil dólares para que pudiera llegar la movilidad en el menor tiempo, ellos se comprometieron y nada. Mi papá, mi esposo y yo hemos dado adelanto para comprar las movilidades que deberían entregarnos en marzo en un acto especial, pero nunca llegó ese día, solo pido que nos devuelvan el dinero”, dijo otra afectada.
Ante esas dificultades, un grupo de personas se aproximaron ante el Ministerio Público para sentar una denuncia el 24 de mayo, señalando que varias personas supuestamente habían sido estafadas por una empresa denominada Terranet S.A.
Los operativos
En la primera denuncia se logra la aprehensión de dos personas, Freddy Alfredo Fernández Torrico, e Hilda Laida Mancilla de López, quienes habrían sido enviados de la ciudad de Santa Cruz a Cobija, para cumplir con ciertas órdenes o indicaciones. Tener contacto con las personas afectadas, persuadirlas y calmar su desesperación.
Según los afectados, Fernández se hacía pasar por licenciado y Gerente General, situación que negó el propio imputado quien se identificó como un simple vendedor. A su turno, Laida Macilla arribó a la ciudad de Cobija como Asesora Jurídica de la empresa, aunque a la hora de la verdad no ejercía esa profesión, no tiene credencial de abogada. En audiencia de medidas cautelares, el Juez Segundo de Instrucción en lo Penal, dispuso la detención preventiva de ambos en el penal de Villa Busch.
Ante las múltiples víctimas, el Ministerio Público dispuso el traslado de investigadores y un Fiscal de Materia a la ciudad de Santa Cruz, donde se logró detener a Pietro Accardi, de nacionalidad argentina; Luis Gabriel Valdez Ayupe, boliviano, y Ricardo Marino Jiménez López, paraguayo, por la presunta comisión de los delitos de estafa con víctimas múltiples y asociación delictuosa. En la capital pandina, el Juez Primero de Instrucción en lo Penal, determinó enviarlos al recinto penitenciario.
Ricardo Jiménez cumplía la función de convencer a la clientela y lograr la primera cuota, hacía creer a los compradores las ventajas de la supuesta empresa, tenía poder de convencimiento quien luego de ofrecer los vehículos a sus víctimas recibía por adelantado una cuota inicial en dólares americanos.
Presentador de televisión involucrado en el caso
Accardi,
supuestamente de nacionalidad argentina, sería el hijo del dueño de la empresa,
Octavio Accardi, el que a la fecha permanece prófugo. En su defensa indicó
ignorar lo ocurrido en Pando y señaló que su intención era devolver los dineros
recibidos.
“Pietro se
hizo pasar en primera instancia en la ciudad de Santa Cruz como un cliente,
posteriormente cuando hicimos el operativo él se hizo pasar como un familiar,
pero dijo que no tenía ninguna relación con la empresa y realizada las
investigaciones resultó ser el hijo del socio principal y en la sociedad de la
empresa Terranet figura como vicepresidente”, explicó Jesús Mamani, abogado de
las víctimas.
No se
descarta que estas personas hubiesen creado otras empresas, similares con otros
nombres, cosméticos, venta de artículos, y otros para recabar dinero y luego
desaparecer, “son declaraciones de testigos y llegado el momento no funcionan
estas empresas, se van a investigar todos los nexos”, advirtió Mamani.
“Son más de
30 personas afectadas en Cobija; sin embargo, el día de la aprehensión del
señor Ricardo Jiménez, en Santa Cruz, recién se enteraron de que la empresa
estaba en crisis económica, y las personas rebasan las 300 y el daño
económico creo que rebasa el millón de dólares”, señaló Nivardo Blanco, fiscal
asignado al caso.
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