LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- Los Defensores de Bolivia, Perú y Ecuador y los
delegados defensoriales de Colombia y Venezuela, junto a representantes de
instituciones que trabajan en la defensa de los derechos de los migrantes en la
región andina, acordaron pedir a sus gobiernos desarrollar políticas públicas
sobre movilidad humana, que incluyan un enfoque de derechos humanos con la
participación de instituciones nacionales especializadas y aportes de las
sociedad civil.
De acuerdo con un boletín
institucional, esa demanda fue incluida en la Declaración de Quito que firmaron
los Defensores andinos junto a la Red Andina de Migraciones (RAM),
representantes de la Secretaria General de la CAN, del Comisión Andina de
Juristas, Parlamento Andino e instituciones de derechos humanos, a la
conclusión del Foro sobre Migraciones Andina, que se realizó del 26 al 28 de
junio en la capital ecuatoriana.
Los firmantes requieren de los
gobiernos de la región andina impulsar reformas legislativas basadas en
principios y normas constitucionales y estándares internacionales de derechos
humanos en materia de emigración, inmigración, retorno, refugio, trata y
tráfico de personas.
El Defensor del Pueblo de
Bolivia, Rolando Villena, indicó que como instituciones defensoriales asumieron
el compromiso de cumplir un rol más activo en la promoción y protección de los
derechos de las personas desplazadas, refugiadas, inmigrantes, retornadas,
víctimas de trata y tráfico, así como de los ciudadanos y ciudadanas migrantes
a países distintos de la comunidad andina.
Entre otros puntos de la
Declaración de Quito se plantea la necesidad de generar espacios de diálogo con
los gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y la cooperación
internacional para consolidar acciones comunes, principalmente en las zonas
fronterizas y en los territorios con mayor concentración de población en
movilidad humana.
Según informó Villena, los
delegados y Defensores manifestaron la necesidad de diseñar e implementar un
sistema de información sobre migraciones andinas, que sea capaz de suministrar
datos consistentes, periódicos y
contrastados sobre la movilidad humana.
Los asistentes al Foro, asimismo,
demandan a los Estados impulsar procesos de regularización de los ciudadanos andinos
que no tienen definida su condición migratoria en los países miembros de la
CAN; el fortalecimiento de la ciudadanía andina, proponiendo la supresión de
los sistemas de control migratorio para los ciudadanos y las ciudadanas
andinas, y avanzar hacia la
consolidación de la ciudadanía sudamericana logrando un convergencia en las
política migratorias de la CAN, MERCOSUR y UNASUR.
En ese marco, dijo el Defensor
boliviano, se destacó de manera positiva la iniciativa de la Cumbre
Presidencial de UNASUR realizada en Lima en 2012, donde se acordó avanzar en la
concreción del pasaporte sudamericano.
Asimismo, exhortan al Consejo
Consultivo de Pueblos Indígenas de la CAN a incidir en la aprobación de una
Decisión andina que proteja los derechos de los pueblos indígenas en el proceso
de integración, especialmente el de la autonomía territorial de los pueblos
indígenas transfronterizos.
Sobre la trata de personas en la
región andina, proponen desarrollar una Estrategia Integral Andina de lucha
contra este delito a través de la promoción de una Directriz Presidencial
Andina y adoptar un Protocolo Andino de Atención Integral a víctimas.
En lo intercultural, demandan
considerar la identidad cultural andina con base en un enfoque diferencial, que
incluya de manera especial a la población indígena y afrodescendiente, con
perspectiva de género y generacional, para responder efectivamente a los
desafíos de la movilidad humana y recuperar la cosmovisión andina y la
complementariedad de género con enfoque intercultural y prevención de la
discriminación racial y la xenofobia.
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