Habrá nuevo
régimen para Policía y FFAA
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| Imagen ilustrativa. |
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El proyecto de Ley de Armas, analizado en la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP) y los ministerios de Defensa y Gobierno, crea 14 nuevas
figuras penales. Establece que los pobladores de zonas fronterizas no deban
portar pistolas, fusiles o elementos parecidos e instaura un régimen de control
especial al interior de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (FFAA).
Según el
presidente de la Comisión de Gobierno, Policía, Fuerzas Armadas y Seguridad del
Estado, René Martínez, esta norma tendrá un carácter “integral” porque espera
garantizar el control de todos los aspectos referidos a la producción, traslado
y venta de armas.
“Va a tener los
niveles de clasificación desde toda la cadena productiva sobre el tema de
armas, entendiendo que la instancia mayor, suprema, reguladora sobre política
de armas es el nivel nacional y los titulares ministeriales (Defensa y
Gobierno) subordinan a dos instituciones importantes que en materia
constitucional están en el resguardo del orden interno así como la integridad y
la soberanía territorial”, apuntó.
El documento
señala que los ministerios del área subordinarán a las instancias competentes
para regular el armamento que portan los uniformados castrenses y de las
fuerzas del orden, además busca contrarrestar el tráfico y negocio de
pertrechos ligado al narcotráfico y otros ilícitos.
La presidenta de
la Cámara Alta, Gabriela Montaño, dijo que las características de la norma
buscan precautelar no solo a las armas de fuego, sino municiones y explosivos,
como complemento a los Decretos Supremos emitidos hasta el momento. También
crea nuevos tipos penales.
“Es una norma
que establece toda la normativa para la fabricación, importación, transporte de
armas de fuego, es una norma bastante amplia y por primera vez define tipos
penales en relación al tráfico ilícito de armas y otros”, manifestó Montaño.
En la parte
central de la propuesta se contemplan 14 nuevos delitos, entre los que se
hallan el tráfico, fabricación ilícita y robo. Las sanciones están fijadas
entre 10 a 15 años de cárcel en el caso de existir importación ilegal,
almacenamiento o traspaso de estos artefactos.
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