FLORES: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE CAMPOS COMPARTIDOS ESTÁ EN PLAZOS PREVISTOS

SUCRE, BOLIVIA (ANB / ABI).- El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, informó el sábado que la acción de inconstitucionalidad en contra del Reglamento de Campos Compartidos, que se elaboró en base al estudio de Gaffney Cline, está dentro los plazos procesales.

    'Respecto al Campo Margarita, el Tribunal Constitucional Plurinacional, recibió el informe del Ministerio de Hidrocarburos. Ya se ha sorteado al magistrado relator', explicó a los periodistas.

    Por otra parte, aseguró que los fallos del TCP no están sujetos a ningún tipo de presión, sea de carácter social, cívico, político o de otro tipo, como denunció el Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (CODEINCA), entidad  que convocó por ese motivo a una marcha de reivindicación prevista para la próxima semana.

   'Lo hemos expresado en varias oportunidades que el Tribunal Constitucional no responde a ningún tipo de presión, ni de carácter social, político, económico, o de otra naturaleza, y estamos cumpliendo los plazos correspondientes y se va atender y se va a resolver esa acción dentro de los términos previstos en el Código Procesal Constitucional y en la Constitución Política del Estado, respondió.

    Explicó que ese recurso, presentado por el ex asambleísta de Tarija, Alan Echart, está en pleno control de constitucionalidad bajo la supervisión del magistrado relator y anunció que cuando concluya la declaración correspondiente el TCP emitiría la sentencia que corresponde.

    'El plazo está todavía vigente y está bajo la supervisión del magistrado relator, una vez que él nos confirme que no se va solicitar ninguna información complementaría, tendríamos un plazo definido para la sentencia correspondiente, sustentó.

    El temor, según el presidente de CODEINCA, Milton Barón, es que, de declararse inconstitucional, todo el estudio realizado sobre el Campo Margarita no tendría base legal y por ende podría ser declarado nulo. De ser así, el Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Corporación, deberán devolver los recursos que fueron descontados a Tarija y entregados al departamento de Chuquisaca, los mismos que sobrepasan los 40 millones de bolivianos.